El ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el empresario Lázaro Báez se entusiasmaron con la decisión de una Comisión bicameral de poner en práctica nuevos límites a la aplicación de la prisión preventiva, en el marco de la aplicación progresiva del Código Procesal Penal que ya se encuentra en vigencia en el norte del país. Pero también lo hicieron miles de detenidos por causas por delitos que no están vinculados a la corrupción porque seis de diez detenidos en las cárceles federales están con prisión preventiva, y arrestados en expedientes de lesa humanidad. Hay otra beneficiaria indirecta: la ex presidenta y vicepresidenta electa Cristina Kirchner, quien hoy tiene dos prisiones preventivas vigentes en su contra (por el caso Memorándum y por el caso de los cuadernos, con otras dos atadas a esta última) pese a que los riesgos de su posible detención ya estaban descartados porque tiene fueros como senadora y los tendrá como segunda del Ejecutivo -salvo que medie un juicio político-. Es que la resolución dispone la aplicación de once artículos del nuevo Código, algunos de ellos vinculados a las detenciones de los imputados sin condena firme. Según determinó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Aplicación del nuevo Código Procesal Penal, antes de dictar una prisión preventiva los jueces deberán tener en cuenta si el imputado tiene arraigo, si tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, las circunstancias y naturaleza del delito que enfrenta, la pena que podría caberle o el comportamiento que tuvo el sujeto durante el proceso. Y también fijar razones fundadas sobre cuál sería el entorpecimiento de la investigación. Solo después de considerar cada una de esas circunstancias y no encontrar otra alternativa menos perjudicial, una persona deberá ser detenida. En las últimas horas, la decisión de poner en práctica este aspecto del Código Procesal disparó la atención de jueces, fiscales y defensores en los tribunales de Comodoro Py 2002, el lugar desde donde se ordenaron las prisiones preventivas que desataron las críticas del presidente electo Alberto Fernández. Es que algunos se preguntaban qué implicaría esa iniciativa en sus causas de corrupción. “¿Se va a venir una ola de liberaciones? Si ya casi no hay más detenidos”, ironizó una fuente consultada por Infobae. Las miradas sobre las consecuencias de esta reglamentación están divididas. Algunos vaticinan que se vendrá un escenario con lluvia de planteos de excarcelaciones o morigeraciones de la pena. Sin embargo, no todos están convencidos de esas consecuencias y plantean que siguen vigentes los mismos riesgos procesales que llevaron a detenerlos. En ese sentido, sostienen que la decisión de aplicar el nuevo Código lo único que hace es obligar a una fundamentación mejor a la hora de evaluar cada detención. “Lo que se tendría que hacer siempre, pero algunos no siempre hacen”, disparan. “Hay que analizar cada caso en particular –subraya un juez-. Lo que está claro es que ahora habrá criterios normativos a la hora de dictar una prisión preventiva”. “Hay un nuevo sistema de medidas de coerción. Son muchas, la prisión preventiva es solo una", resaltaron. En lo que todos coinciden en que esta forma de reglamentar las detenciones derivará en un criterio menos discrecional de como se viene aplicando hasta ahora. La saga de detenciones a referentes k -como Ricardo Jaime o Lázaro Báez- comenzó a principios de 2016. Se profundizó en la segunda parte de 2017 con el arresto de De Vido, la aprehensión de Amado Boudou en piyama; las órdenes de detención por el caso Memorándum, con Cristina Kirchner recibiendo su primer pedido de desafuero, y las capturas del primo del fallecido ex presidente Carlos Kirchner y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por maniobras financieras. A mediados de 2018 la causa de los cuadernos desplegó decenas de detenciones para ex funcionarios y empresarios, algunos de los cuales lograron salir en libertad pactando convertirse en arrepentidos. Pero la revisión de la Cámara Federal, primero con los empresarios a los que sacaron de la asociación ilícita de cuadernos y luego aceptando arrestos domiciliarios o excarcelaciones, fue depurando las celdas del pabellón para arrestados por corrupción en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno. También se ordenó la excarcelación de Carlos Kirchner por disposición del Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio oral por la obra pública, pese a que el primo de Néstor Kirchner aún no había cumplido los dos años de detención. Otro de los que logró ser excarcelado fue el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, arrestado por la causa del Memorándum con Irán. (Infobae)