El gobierno argentino informó que podrá recurrir a las reservas de gas natural licuado almacenado en la terminal de Escobar, retomar las importaciones a través de Chile o incrementar la provisión doméstica desde el sur del país, ante la alternativa que se interrumpa el suministro de gas natural desde Bolivia, producto de la crisis social e institucional del vecino país. Así lo planteó el Gobierno argentino a través de la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa), que comunicó que hasta el momento no se registró "ningún inconveniente en la importación de gas natural de parte de YPFB –Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia". El seguimiento de la situación se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, Ieasa, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), de manera de poder dar rápida respuesta ante eventuales contigencias y minimizar su impacto en el sector energético. La empresa del vecino país había comunicado que con motivo de "la creciente convulsión social" se registró la toma por parte de grupos de desconocidos del "campo Carrasco y estaciones de bombeo y compresión de hidrocarburos" y no se descartaba la posibilidad de "la toma de otras instalaciones de producción". Por tal motivo, YPFB aseguró que se encontraba "trabajando para mitigar los efectos provicados por la situación actual" junto a las empresas YPFB Transporte, YPFB Transierra y Gas Transboliviano. Ante la notificación, IEASA afirmó que "por el momento no se ve afectación en el suministro" de gas proveniente desde Bolivia, aunque confirmó el alerta preventivo que realizaron las autoridades de la empresa estatal boliviana que alega "causal por fuerza mayor". La actual de importación de gas natural desde Bolivia es de 10,5 millones de metros cúbicos por día (mm3/d), los cuales brindan suministro a los clientes del norte argentino, en especial a distribuidoras y generación eléctrica, volumen acordado durante la renegociación llevada adelante en febrero que permitió reducir los 18 mm3/d del contrato inicial.