Ya no tienen caretas políticas, se las quitaron cuando volvieron a empuñar las armas para seguir controlando el narcotráfico y otros negocios ilícitos. El Sexto Frente de las FARC, rebautizado con diferentes nombres, está dispuesto a aniquilar a quienes se opongan a sus objetivos en el norte del departamento del Cauca. Y el pueblo Nasa está pagando con sus vidas la firme determinación de expulsar a esa y otras bandas criminales de sus territorios ancestrales. En solo una semana, y conforme a las hipótesis de las investigaciones preliminares, los disidentes de la extinta guerrilla segaron 13 vidas, además de atentar contra diferentes objetivos. El elevado número de muertos dentro de los resguardos del pueblo Nasa, que suman 52 en lo que va de año, según la ONU, ha puesto contra las cuerdas a Iván Duque y a su cuestionado ministro de Defensa, Guillermo Botero. Los partidos opositores y la CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) señalan al Gobierno por su incapacidad, dicen, tanto de impedir los crímenes como de poner en marcha los programas de sustitución de sembradíos de coca y marihuana, y diferentes inversiones de todo orden que requiere una población agrícola pobre. La región, situada al oeste de Colombia, que ha incrementado en los últimos años los cultivos ilícitos, sigue sumida en el atraso pese a las promesas de los sucesivos presidentes y a las duras huelgas que efectúan los indígenas para presionar que las cumplan. La última, en abril pasado, cortó durante un mes la carretera Panamericana que une a Colombia con Ecuador. En esa ocasión acordaron una serie de compromisos, pero la extrema violencia de las bandas en municipios como Toribio, Suárez o Corinto, en lugar de retroceder, ha aumentado. Las disidencias de las FARC-EP, al mando de alias 'Mayimbú', sanguinario ex guerrillero con una dilatada carrera en el extinto grupo terrorista y que salió de la cárcel en virtud de los acuerdos de paz, están detrás de las peores masacres. BASTONES CONTRA FUSILES DE ASALTO La semana pasada, en un caserío de Tacueyó, corregimiento del municipio de Toribío, acribillaron a balazos a Cristina Taquinás Bautista, dirigente indígena muy apreciada por sus años de lucha pacífica en beneficio de las comunidades, y a cuatro de sus acompañantes. Para diferentes voces, la política Nasa de rechazar el uso de las armas en sus resguardos, incluida la presencia de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, supone un obstáculo para proteger a su pueblo. Convencidos de la inutilidad de la violencia, la Guardia Indígena combate bandas de asesinos despiadados, que utilizan fusiles de asalto, granadas y pistolas, con simples bastones, símbolo de la autoridad que otorgan sus tradiciones y su milenaria historia. El día que la mataron, Taquinás Bautista y los guardias que iban con ella, intentaban impedir el paso de un puñado de criminales que transportaban secuestrados en todoterrenos, ya que además de narcotráfico, su principal fuente de financiación, las disidencias secuestran para hacer acopio de recursos. Aunque el vehículo de la mujer era blindado por las amenazas que sufría de tiempo atrás, no fue suficiente escudo para librarle de un ataque salvaje. En otras ocasiones, la Guardia ha incautado cargamentos de droga y destruido armamento, lo que provoca que las bandas maten nativos en represalia. El homicidio de la lideresa hizo sonar de nuevo las alarmas en Bogotá y obligó al presidente Duque a desplazarse en dos ocasiones al Cauca para celebrar consejos de seguridad y anunciar un paquete de medidas que detenga el rosario de crímenes. Entre ellas, designar a Miguel Ceballos, Alto Comisionado de la Paz, como su enviado especial para que ponga en marcha un ambicioso plan de 160 proyectos económicos, y el controvertido despacho de 2.500 militares, decisión que los propios Nasa rechazan. En lugar de militares y policías y a pesar de los crímenes, insisten en regirse y protegerse bajo sus propias leyes y costumbres, que la Constitución ampara. POBREZA Y BANDAS CRIMINALES En Tacueyó, enclavado en plena cordillera central andina, por ejemplo, no hay uniformados con carácter permanente, solo Guardia Indígena desarmada. De ahí que los criminales, que mantienen alianzas con los cárteles mexicanos, se muevan a sus anchas por los caminos de tierra que serpentean elevadas montañas. "Más que las fuerzas militares es la inversión social lo que hay que llevar al departamento", le dice a EL MUNDO.es Jair Muñoz Solarte, Defensor del Pueblo del Cauca. "Cuando uno recorre los municipios, encontramos pobreza, no hay vías, los productos que cosechan los indígenas no tienen salidas. Y los grupos ilegales se aprovechan de esa circunstancia para fomentar el narcotráfico en la región". Como es lógico, esa misma ausencia de autoridades ha propiciado que se disparen los sembrados de marihuana, en especial la creepy, y de coca, y que exista una profunda división entre pobladores que defienden su derecho a seguir produciendo ambos productos y los gobernadores indígenas convencidos de que son la perdición de sus pueblos. Para superar las diferencias entre Gobierno y nativos, la Defensoría ha propuesto instalar una "carpa blanca" en Santander de Quilichao, la población más grande el norte del Cauca, a solo 45 minutos de Cali, un lugar de encuentro donde el organismo pueda servir de intermediario entre ambos. Necesitan romper la profunda desconfianza que sienten los nativos hacia el Ejército y los policías para lograr que permitan su despliegue. "No hemos podido comenzar la carpa por los asesinatos, la gente tiene que llorar a sus muertos. Pero este miércoles tenemos una reunión con los Nasa y esperamos empezar pronto", indica Muñoz Solarte. Considera factible, al igual que el Gobierno, que los militares ocupen los corredores del narcotráfico que no se encuentren en resguardos indígenas, mientras que en estos pacten alguna manera de brindar seguridad. "Necesitamos proteger los territorios porque están dañando la región a sangre y fuego; la Fuerza Pública es necesaria, pero concertada". (EM)