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Estas órdenes de arresto pesan sobre Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, que actualmente viven en un exilio autoimpuesto en Bélgica y Escocia.
Comín y Ponsatí se enfrentan a cargos que van desde la sedición hasta la malversación de fondos públicos, similares a los nueve líderes independentistas condenados en octubre a penas de entre 9 y 13 años de prisión.
Puig se enfrenta a cargos de desobediencia y malversación de fondos públicos, pero no de sedición, según un auto del alto tribunal.
La sentencia desencadenó semanas de protestas, a veces violentas, que sacudieron la capital catalana, Barcelona. Las encuestas sugieren que los disturbios han impulsado a los partidos de derecha en España, que se dirige a sus cuartas elecciones en cuatro años.
“Los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron el auto de procesamiento, no solo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad de los fugados”, señala el auto.
Las nuevas órdenes provocaron la reacción del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien dijo en Twitter que fueron emitidas por “un Estado en plena deriva autoritaria y consumido por el espíritu de venganza”.
El abogado de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, dijo que su cliente estaba decidida a luchar contra la orden, pero que planeaba presentarse el jueves en una comisaría de la policía en Edimburgo, donde esperaba ser arrestada.
“El equipo jurídico de Clara argumentará que no hay garantías de un derecho a un juicio justo en España, donde la mayoría de los miembros del gobierno catalán ya están en prisión o en el exilio”, dijo Anwar en un comunicado.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña que compareció ante las autoridades belgas después de que el Supremo reactivara la euroórden el mes pasado, envió un mensaje de apoyo.
“Con vosotros, siempre”, escribió en Twitter. (Reuters)