Al presidente Mauricio Macri se le presentó un dolor de cabeza imprevisto en un área que le interesa mucho: la política internacional. Desde una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitieron una nota en la que piden explicaciones acerca de denuncias de abusos e intromisiones en el poder judicial. La oficina del Alto Comisiando de Naciones Unidas está encabeza por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien hace unos meses condenó las violaciones a los derechos humanos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El Gobierno de Macri celebró aquel informe sobre todo porque estaba firmado por una ex aliada política de Maduro y con renombrada trayectoria. Ahora, el tiempo corre y deberán responder en menos de 60 días para que el informe final no afecte la imagen internacional que busca dar Macri. El informe está firmado por Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y enumera una serie de hechos fueron noticia en argentina a lo largo del mandato de Macri y que comienza con la utilización del Consejo de la Magistratura para presionar a los jueces a través de la comisión de disciplina, una herramienta de coacción constante desde la reforma constitucional de 1994, pero que ahora cobrará relevancia internacional. El resto de los hechos denunciados son: - La designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto (en referencia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti). - Ataque a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó). - Designación "ilegal" del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata. - Designación "ilegal" del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal. - Designación "Ilegal" del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones. - Ataques a jueces y abogados del fuero laboral. - Manipulación de fiscales en la causa Correo. - Ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (Causa D'Alessio). En el tramo final del documento, se le solicita al Gobierno de Mauricio Macri, a través del Canciller Jorge Faurie que pueden responder todos los puntos, uno por uno, y hacer las aclaraciones pertinentes, en un plazo máximo de 60 días y que esas respuestas estarán incluidas en el informe final que se elevará al Consejo de Derechos Humanos. (Perfil)