Mauricio Macri no solo está lanzando un tsunami de promesas en la gira del “Sí, se puede” o “de despedida”, como bromeó quien suena como presidente de la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre, Sergio Massa. También lo está haciendo con una batería de medidas. No solo las que intentan mantener o recuperar votos, para aliviar la crisis a pymes y ciudadanos. También una serie de disposiciones que, según la actual oposición y posible coalición gobernante, la condicionan o favorecen a determinados sectores económicos o empresas. Desde concesiones de rutas aéreas hasta la licitación del puerto de Buenos Aires, desde cancelación de deudas con eléctricas hasta la venta de terrenos públicos, desde la autorización para la importación de basura y la rebaja de indemnizaciones por accidentes laborales hasta un acuerdo con el sindicato siempre oficialista de los empleados públicos, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) para permitir el supuesto ingreso en planta permanente de 2.500 directores y coordinadores de la administración actual. ¿Un Macri Papá Noel para terminar el año? Algunas medidas competen al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que el mes pasado fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano por supuesta ampliación irregular de concesiones de rutas nacionales. Taiano es el mismo fiscal que impulsó investigaciones contra Cristina Fernández de Kirchner y otros de sus ex funcionarios. Transporte prorrogó en septiembre por 15 años rutas domésticas e internacionales de Latam Airlines, la empresa chilena que hasta 2015 tenía como CEO local al actual secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. La noticia preocupó al Frente de Todos, que conduce Alberto Fernández. En el ministerio de Dietrich responden que “las rutas vencían en mayo de 2020 y la prórroga se hace con anticipación porque la industria en general las vende con anticipación y para ello requiere certeza de que la operación continúa”. “No extenderlas equivaldría a echar del país a una empresa argentina con empleados 100% argentinos”, se refieren en Transporte a la filial local de la compañía cuya mayoría accionaria sigue perteneciendo a la familia chilena Cueto (22,5%) y cuyo 20% acaba de adquirir la norteamericana Delta Airlines. En Latam explican que las rutas habían sido concedidas en 2005, es decir, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. En su momento, la ex LAN admitió pagos indebidos a Manuel Vázquez, asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, ahora encarcelado. Latam cuenta que la renovación de rutas “permite continuar con el desarrollo de la industria porque las aerolíneas venden con anticipación” y que el Código Aeronáutico la obligaba a pedir la extensión con un año de antelación. Puerto porteño. En septiembre también el PJ emitió un comunicado contra la licitación del puerto de Buenos Aires, cuya apertura de sobres de las ofertas se iba a dar el 2 de octubre pero se postergó hasta el 2 de diciembre “por la cantidad de consultas y los tiempos que lleva planificar propuestas”, según la Administración General de Puertos, que depende de Dietrich. Ante el vencimiento de las tres concesiones actuales del puerto en 2020, el Gobierno llamó a licitación para otorgarlo a una sola empresa. “Nos oponemos a esta maniobra por considerarla un manotazo de ahogado, a 90 días de entregar el Gobierno, que no puede entenderse sino como una movida inspirada en intereses electorales y de corto plazo”, señaló el partido peronista. “El traspaso implica la venta con fines inmobiliarios de grandes terrenos de dominio público nacional sin la debida intervención del Congreso y la única posibilidad que les quedará de continuar con el proyecto de licitación con un solo operador portuario dirigido por el socio y amigo presidencial Nicolás Caputo. Teniendo conocimiento del afán por los negocios inmobiliarios de Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta, instamos al Gobierno a abstenerse de vender cualquier terreno que a la fecha pertenezca a la jurisdicción del puerto”, continuó el PJ. Caputo es cónsul general de Singapur en Buenos Aires y cónsul honorario de la Argentina en ese país asiático, de donde proviene un interesado en la subasta, PSA. Pero Caputo dice que no conoce esa empresa. Pasado. “Con esa lógica, el Gobierno no podría tomar ninguna decisión en año electoral”, responden en Transporte. En noviembre de 2015 era Macri quien cuestionaba al gobierno de Cristina Kirchner por firmar contratos millonarios con China y Rusia. “La apertura de sobres prevista para el 2 de diciembre es solo para conocer quiénes son los oferentes”, se justifican en las filas de Dietrich. “El análisis de las ofertas quedará para la futura gestión. Es falso que se vayan a destinar áreas portuarias a desarrollos inmobiliarios. Se hará una redistribución de suelos portuarios para mejorar la eficiencia. A partir de 2020 se comenzaría a trasladar la operativa portuaria a la nueva terminal exterior en distintas etapas. La primera liberaría el primer espigón y se comenzaría a construir una terminal exclusiva para cruceros en un predio de 12,5 hectáreas con espacios verdes. Como sucede en todo el mundo, esta podría ser utilizada para actividades culturales y recreativas. El Puerto Sur se encuentra siendo reacondicionado, se generaron nuevos espacios verdes, se mejoró la iluminación y se avanzó en proyectos de integración puerto-ciudad”, contestan en Transporte. Cerca del puerto están algunos de los 17 terrenos que entre octubre y noviembre subastará con un precio base total de US$ 180 millones la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Uno está en Puerto Madero y se rematará a partir de US$ 28 millones. Se lo intentó vender sin suerte a 35 millones en 2017. Otro lote está en Retiro y cuesta 56 millones. En julio pasado había fracaso su venta a 66 millones. En Las Cañitas hay uno de US$ 14 millones. En 2017 y 2018 fracasaron dos remates por 17,3 millones. Otro se subasta en Villa Urquiza por 11,6 millones. Hay un campo en la provincia de Córdoba por 13,9 millones. Un asesor del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade critica la venta de terrenos a último momento y a menor precio que el se pedía hace dos meses. “Se supone que el Estado tiene la espalda para encontrar la oportunidad para vender y no salir a reventar”, se queja. En la AABE reconocen “una intencionalidad de vender ahora cinco terrenos, incluidos los de Retiro y Colegiales, principalmente para la financiación de los viaductos”. Aún falta la terminación del 4% de las obras del viaducto del ferrocarril San Martín, que ya circula por allí. En la Secretaría de Energía también se toman decisiones. Lopetegui, que depende del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pagó en septiembre una deuda de US$ 120 millones a las generadoras eléctricas de Pampa Energía (grupo de Marcelo Mindlin en el que aumentó su participación el británico Joe Lewis), Central Puerto (de Caputo, Guillermo Reca y las familias Miguens Bemberg y Escasany, accionistas del Grupo Financiero Galicia), YPF Luz y Aluar (fabricante de aluminio de los Madanes Quintanilla que cuenta con la Hidroeléctrica Futaleufú). “Se pagó una deuda generada por el gobierno anterior porque acumulaba altísimos intereses”, alegaron en Hacienda. El secretario de Energía lanzó a fines de julio la licitación del primer tramo del Gasoducto de Vaca Muerta a Buenos Aires, por US$ 800 millones, de los cuales la mitad pone ANSES; un cuarto, el ganador y otro tanto, el mercado. “La licitación está en stand by hasta noviembre porque, después del resultado electoral de agosto, con el riesgo país por las nubes, es muy difícil la financiación”, aclaran en Hacienda. Críticas. El asesor del diputado Tailhade asegura que la oposición no cuestiona la obra sino el decreto de necesidad y urgencia por el que se la lanzó. “Tiene un régimen especial transitorio que lo deja por fuera de la ley del gas. Por 17 años no se regulará la tarifa como marca esa ley. ¿Por qué sacaron por DNU una obra de esta magnitud con ese régimen especial y con 35 años de concesión con extensión a diez?”, se pregunta. También cuestiona otras decisiones de Lopetegui. Por un lado, la de que en 2020 se compense en siete cuotas a Edenor (de Pampa) y Edesur (de la italiana ENEL) por el congelamiento de tarifas en este segundo semestre. Por el otro, porque el secretario de Energía, al traspasar la concesión de ambas empresas a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, le reconoció “tarifas no dadas por la gestión anterior” y por eso Tailhade lo denunció porque “la metodología para calcular esa deuda es de una creatividad para que las empresas se lleven el mayor monto”. A partir de esa demanda, el fiscal Franco Picardi -ex funcionario K- imputó en agosto a Lopetegui por condonar a las dos distribuidoras multas por $ 35.000 millones a cambio de que los inviertan. En Hacienda se defienden. “Se postergó el aumento. No se otorgó. Si el próximo gobierno no lo quiere hacer, no lo hará”, arrancan. En Edesur complementan: “Era un compromiso de la revisión tarifaria integral: la revisión semestral por inflación y no lo cumplieron. Dicen que pasa para enero, ¿pero quién garantiza que se concretará?”. En cuanto a la imputación de Picardi, en el Gobierno responden: “La negociación fue más que razonable para el Estado. Sin esto, no se podía realizar el traspaso que nos instruyó el Congreso”. Otras cuatro medidas llegaron de la órbita del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Con su firma y las de Macri y Peña, modificó los decretos reglamentarios de la ley de residuos peligrosos para permitir la importación de “sustancias y objetos” que puedan usarse para otras finalidades o para los que exista mercado o demanda. La norma recibió críticas de ecologistas y cooperativas de cartoneros, que temen por su trabajo. “Es grave: el decreto elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen, ¿entonces cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos?”, dice el abogado ambientalista Enrique Viale. La duda es si el decreto permitirá la importación más barata de materiales como plástico, aluminio, caucho o chatarra que usan ciertas industrias o si incrementará el negocio de empresas de recolección y traslado de basura. En el Gobierno descartan un impacto ambiental y el ingreso de residuos peligrosos y explican que buscan insumos para la “economía circular”. En septiembre, un DNU redujo la indemnización que pagan las ART a los trabajadores accidentados. “Resulta obvio que no se puede indemnizar con tasas superiores al 100%, como venía ocurriendo hasta hoy, porque no hay rendimiento productivo ni financiero que genere esas rentas ni un inversor institucional como las ART que puedan legalmente acceder a ellas”, se defendió la Unión de ART (UART). El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, contraataca: “El decreto es consecuencia directa del lobby de la UART”. “Hasta diciembre somos gobierno y aún falta la elección de octubre”, se justificaba Sica cuando se lanzaba a negociar acuerdos comerciales tras la derrota en las primarias. Así fue que en septiembre firmó uno automotriz por diez años con Brasil. El vigente vencía en julio próximo, pero Macri y Jair Bolsonaro, furioso promotor del libre comercio, se apuraron a firmarlo. Las multinacionales automotrices, que están a ambos lados de la frontera, festejaron. Las autopartistas aplaudieron también, pero criticaron que al mismo tiempo se perdonarían presuntas multas por hasta US$ 600 milones a las terminales argentinas que habían incumplido el régimen de comercio compensado que habían establecido los gobiernos de Macri y de Dilma Rousseff para el periodo 2015/2020. Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), opina: “Resulta positiva la firma del acuerdo por diez años si la comparamos contra un escenario de libre comercio en 2020 o contra uno de vacío legal con paralización del comercio y la producción. No obstante, nos parece una mala señal que se condonen incumplimientos”. Es que el acuerdo relajó el criterio para aplicar las multas. Defensa. En la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) defienden el acuerdo: “No fue de último momento”. Y alegan que recién en junio, cuando venza el acuerdo actual, se sabrá si corresponden las sanciones. En la Secretaría de Industria, que conduce Fernando Grasso y depende de Sica, justifican el pacto: “Era una necesidad que el sector privado demandaba. Cada dos años la Argentina tenía que renegociar los plazos, dificultando inversiones”. Niegan que se perdonen multas, aunque admiten el cambio que las regula. Provocó polémica en agosto la puesta en marcha del Registro de Alta Dirección Pública, tras un acuerdo en junio entre el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y UPCN, que conduce Andrés Rodríguez. “El Gobierno ha creado un convenio colectivo para 2.500 cargos jerárquicos, para armarles concursos a medida y garantizarles continuidad laboral para los próximos cinco años”, dispara el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo de Godoy. Señala que se apunta a directores nacionales y coordinadores, en su mayoría designados de manera transitoria en la actualidad. “Quieren perpetuarse para entorpecer la nueva gestión”, sostienen en ATE. “Sueldos que son de alrededor de 135.000 pesos pasarían a alrededor de 238.000, con adicionales por jurisdicción, que son del 30%, con lo que pueden llegar a 300.000”, agregan en las filas de De Godoy mientras analizan seguir los pasos de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), que pidió una cautelar ante la Justicia para frenar el convenio. En las filas de Ibarra defienden el acuerdo: “La idea es agilizar los concursos para que la gente que está en cargos directivos acceda por esa vía y no por decisión de los gobiernos de turno”. “¡Pero eso lo hacían los peronistas!”, se avergüenza y a la vez bromea un alto dirigente de Cambiemos. Por delante puede haber más novedades: desde la prórroga por 12 años del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que vence en 2023, hasta el traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ), y el consiguiente control de las empresas, de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, como advierte Silvina Martínez, socia de Margarita Stolbizer, pasando por la aprobación con o sin desinversiones de la fusión entre Disney y Fox, con su consiguiente impacto en el negocio del fútbol por TV. Habrá que ver los próximos capítulos. (Perfil)