Manifestaciones en las calles, masivas protestas en las redes sociales y el rechazo de variadas instituciones y personalidades, incluso religiosas, volvió inviable el proyecto de ley (PL) con que esa derecha moralista y antiética pretendía penalizar como homicidio la interrupción del embarazo de más de 22 semanas.
“No fue solo la vuelta a las calles, lo más importante es la gran amplitud del repudio al proyecto, que no ocurre por casualidad, sino debido a un trabajo silencioso, sistemático y continuado del feminismo que lucha por el aborto en Brasil y no desistió”, dijo Sonia Corrêa, coordinadora del internacional Observatorio de Sexualidad y Política.
Ello, puntualizó a IPS en Río, pese a las acciones adversas de algunos gobiernos, el último el del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
La propuesta del diputado Sóstenes Cavalcanti, del Partido Liberal liderado por Bolsonaro, fue presentada el 17 de mayo de 2024 y despertó un amplio rechazo cuando pasó un trámite de urgencia en la Cámara de Diputados el 12 de junio, maniobra que podría resultar su aprobación en los días siguientes.
“Género, sexualidad y reproducción son temas centrales en el proyecto de sociedad de la ultraderecha, que no muestra ninguna disposición de desistir”: Sonia Corrêa.
“El PL de la muerte crucifica inocentes”, denunció un grupo de 150 religiosas, católicas y evangélicas.
“Niñas no son madres, violador no es padre”, gritaron miles de personas en las calles de varias ciudades, repitiendo la consigna de un movimiento feminista que destaca a las niñas de hasta 14 años como la mayoría de las víctimas de violación sexual y de las que llegan a la 22 semana de gestación sin lograr el aborto, aunque legal en sus casos.
Serían por tanto las más penalizadas, víctimas del violador y de la ley, si se aprueba el proyecto, apodado también como “PL del embarazo infantil” y “PL de la violación”.
La pena de seis a 20 años de cárcel, superior al seis a 10 años de la violación, operó como otro fuerte argumento en contra contra el proyecto de ley 1904, el número de la iniciativa.
Más de 17 316 niñas de hasta 14 años tuvieron hijos en 2021, según datos del Sistema Único de Salud. Es una cifra que está en descenso, pero lentamente.
La ofensiva moralista de la extrema derecha, intensificada desde la elección presidencial de Bolsonaro en 2018, no se limita a los ataques a la legislación vigente desde 1940, que asegura el derecho al aborto en casos de violación y riesgo de muerte materna, ampliados en 2012 por el Supremo Tribunal Federal al de anencefalia fetal.
Gobiernos de los estados aprobaron leyes locales y otras barreras contra el aborto legal.
Un ejemplo es la ley del estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil, obliga a las embarazadas a oír los latidos del corazón del feto, en un intento de convencerlas a desistir del aborto, destacó Laura Molinari, cofundadora y co-coordinadora del Movimiento Ni Presa Ni Muerta.
“Las dificultades impuestas hacen que sean muy pocos los abortos registrados legalmente, poco más de 2000 al año”, apuntó la activista a IPS en Río de Janeiro. En 2023 el Ministerio de Salud registró 2687.
En São Paulo, el gobierno cerró a fines de 2023 los servicios de aborto legal en el hospital Vila Nova Cachoeirinha, uno de los pocos que atendían casos de más de 22 semanas de gestación.
Además el Consejo Regional de Medicina del Estado de São Paulo suspendió por seis meses el registro de dos médicas acusadas de descuido y tortura al interrumpir el embarazo de mujeres con autorización judicial por hacerlo.
Eso genera inseguridad jurídica y temores entre los médicos y otros profesionales de salud que intervienen en esas operaciones, lamentó Molinari. Muchos médicos se niegan a hacer abortos, aunque legales, alegando conflicto de conciencia.
Para colmo el Consejo Federal de Medicina, máximo órgano regulador de la profesión, emitió en marzo pasado una resolución prohibiendo la práctica de asistolia, una medicación para interrumpir la actividad cardíaca, en el aborto de fetos de más de 22 meses.
Esa prohibición “no es ética y contradice la evidencia médica”, reaccionó la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (Figo). El procedimiento tiene de hecho, recordó, la aprobación de la Organización Mundial de Salud.
El Supremo Tribunal Federal brasileño suspendió la vigencia de la resolución del Consejo Federal de Medicina, que también adoptó medidas contra las evidencias científicas sobre la covid-19, corroborando el ostensible negacionismo de Bolsonaro durante la pandemia.
Asimismo el aborto legal también sufre restricciones en el sistema de Justicia. Hubo varios casos de jueces que negaron el derecho, que en realidad no depende de autorización judicial, e intentaron convencer niñas a mantener el embarazo.
Casos de niñas de 10 u 11 años a las que se les negó el aborto legal cerca de sus residencias y tuvieron que viajar a otros estados para hacerlo, tuvieron gran repercusión durante el gobierno de Bolsonaro, incluso porque autoridades gubernamentales ejercieron presión contra el ejercicio de un derecho.
“Género, sexualidad y reproducción son temas centrales en el proyecto de sociedad de la ultraderecha, que no muestra ninguna disposición de desistir”, resumió Corrêa.
Un análisis de su Observatorio constató que, sin embargo, el peor momento para el aborto en Brasil no fue durante el gobierno extremista de Bolsonaro, sino en 2010, cuando se eligió a Dilma Rousseff, la primera presidenta del país.
Desde entonces “las opiniones favorables al abordo aumentaron lentamente pero de forma constante incluso bajo Bolsonaro, porque el feminismo persistió en su acción”, celebró Corrêa.
“La resistencia generó conciencia, la sociedad no acepta retrocesos”, sostuvo Joluzia Batista, articuladora política del Centro Feminista de Estudios y Asesoría.
Pese a la coyuntura política adversa y sectores contrarios, en la medicina y en la Justicia, por ejemplo, como un servicio de aborto por telesalud, con orientación remota, impulsado por el hospital de la Universidad Federal de Uberlandia, en el centro de Brasil, ejemplificó a IPS por teléfono desde Brasilia.
Además instituciones como la Defensoría Pública se reveló muy activa en hacer efectivo el derecho de las niñas y mujeres pobres al aborto legal.
Sin embargo, algunos daños de la ofensiva ultraconservadora permanecen, lamentó Batista. Es el caso de la educación, en que Bolsonaro y sus seguidores insertaron su “escuela sin partido”, que “abolió la educación sexual y silenció familias y profesores”, diseminando un ambiente de denuncias.
Queda el temor entre profesores y funcionarios a nuevas criminalizaciones, por lo menos durante algún tiempo más. Temas sexuales, como el aborto, siguen siendo un tabú, señaló.
Pero el intento de equiparar el aborto al homicidio en la legislación “fue demasiado lejos” y dividió los legisladores ultraderechistas, incluso los religiosos más activos en esa corriente política, los evangélicos.
Sus dirigentes anunciaron que aún intentarán tramitar el PL en la Cámara de Diputados en el próximo semestre, pero el rechazo de la opinión pública y incluso entre los legisladores augura el fin del proyecto.
El error fue intentar una penalización desproporcional, de hasta 20 años, a quienes ya fueron víctimas de una violencia sexual y, en general, justifican no haber abortado antes de la vigesimosegunda semana por las barreras impuestas y, en el caso de la mayoría infantil, hasta por desconocer conductas, leyes y cuestiones mínimas del embarazo.
Las encuestas apuntan que una mayoría decreciente de los brasileños condena el aborto, pero una mayoría más acentuada y creciente rechaza el encarcelamiento de las mujeres que interrumpieron su embarazo. Eran 52 % en 2018 y subieron a 59 % en 2023, según encuesta del Instituto Democracia. (IPS - ED: EG)
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