Philippe Branchat, director de la OIM en Haití, dijo que “las cifras que vemos hoy son una consecuencia directa de años de espiral de violencia -que alcanzó un nuevo máximo en febrero- y su catastrófico impacto humanitario”.

En febrero la ola de violencia desatada por bandas criminales cobró centenares de víctimas, fueron asaltadas y vaciadas cárceles con miles de presos, y la crisis política llevó a la renuncia del entonces jefe de gobierno, Ariel Henry, y al acuerdo de establecer una inédita presidencia colegiada de nueve miembros.

Ahora hay un nuevo primer ministro, Garry Conille, abocado a conformar un nuevo gabinete, y se reemplazó al jefe de la Policía Nacional, pero aún se aguarda por la llegada de una fuerza internacional que ayude a someter a las bandas que dominan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe, y se han extendido por el interior del país.

Entretanto, “la crisis interminable en Haití está empujando a más y más personas a huir de sus hogares y dejar todo atrás. Esto no es algo que hagan a la ligera. Es más, para muchos de ellos no es la primera vez”, observó Branchat.

Además del desplazamiento dentro y alrededor de la capital, la creciente violencia y el asedio impuesto por grupos armados han empujado a un número cada vez mayor de personas a huir a provincias vecinas.

Esto ha duplicado el número de desplazados internos en la región sur, de 116 000 a 270 000 sólo en los últimos tres meses, según la OIM.

Casi todos los desplazados internos se encuentran actualmente alojados en comunidades que ya luchan con servicios sociales sobrecargados e infraestructura deficiente, lo que genera más preocupaciones sobre tensiones que podrían desencadenar más violencia.

Para la OIM eso es particularmente grave en las zonas del sur, ya debilitadas por el terremoto de 2021, que ahora albergan a casi la mitad de la población desplazada internamente en el país de 11,5 millones de habitantes, de los que unos 4,5 millones necesitan ayuda humanitaria con urgencia.

Desde finales de febrero, los movimientos de bienes como medicamentos y combustible entre la capital y las provincias se han visto gravemente limitados, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.

En el área metropolitana de Puerto Príncipe, dos tercios de los desplazados internos viven en sitios espontáneos con acceso muy limitado a servicios básicos.

Las escuelas y las instituciones de aprendizaje constituyen actualmente 39 de los 96 sitios de desplazamiento activo y albergan a 61 000 personas, lo que limita gravemente la asistencia a la escuela.

La violencia también se ha extendido al departamento de Artibonite (5000 kilómetros cuadrados y 1,8 millones de habitantes), al noroeste de Puerto Príncipe. Por ejemplo, el 15 de junio, en el distrito Gros-Morne, una banda irrumpió para secuestrar a una maestra, los vecinos resistieron, y la pandilla incendió casas y provocó 10 muertes.

En Kenia, una delegación de la policía haitiana se reúne con responsables del país africano para acordar detalles sobre la fuerza policial internacional que se espera en Haití, encabezada por unos 1000 efectivos kenianos.

La OIM y otras agencias de las Naciones Unidas trabajan en tareas de ayuda humanitaria -sin poder cubrir las necesidades reales-, desde el suministro de agua, alimentos, materiales de higiene y utensilios, hasta asistencia médica en clínicas móviles y de colaboración entre las comunidades desplazadas y las de acogida. A-E/HM