"El Estado de Argentina es responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento", señaló la presidenta de la Corte, la jueza Nancy Hernández López este viernes al dar lectura de la sentencia.

A partir de la denuncia presentada en 1999 por la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, la Corte IDH declaró también la responsabilidad del país sudamericano por no haber garantizado el acceso real a la documentación del ataque.

"Se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y sobre la responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas para acceder a la información de los casos", puntualizó la presidenta de la Corte.

Por unanimidad, la Corte resolvió en su sentencia emitida el 26 de enero, y difundida este 14 de junio, aceptar el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por el Estado argentino, y determinar su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida e integridad personal, en perjuicio de las víctimas del atentado.

En simultáneo, "el Estado es responsable por la violación al principio de no discriminación en perjuicio de las víctimas del atentado y sus familiares", así como por la violación del acceso a la justicia y a las garantías judiciales en perjuicio de los familiares de las víctimas.

25 años después del atentado, la Corte Interamericana destacó también la responsabilidad del Estado argentino por violar el derecho al acceso de la información, el derecho a conocer la verdad, y el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de las víctimas del atentado.

"Esta sentencia constituye una formal reparación", puntualizó la titular de la Corte en la causa que contó con la asistencia jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En consecuencia, el tribunal ordenó al Estado argentino que remueva "todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen la impunidad total en este caso", e instó a que inicie y reabra las investigaciones necesarias "para individualizar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos y establecer la verdad de lo ocurrido".

Argentina también deberá tramitar los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, a fin de aplicar las sanciones a los responsables.

Además de realizar las publicaciones indicadas en la sentencia emitida por la Corte, el Estado también deberá celebrar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.

En paralelo, el país sudamericano deberá realizar un documental sobre el atentado y tendrá que crear un archivo histórico accesible al público sobre lo ocurrido, así como sobre la investigación, su encubrimiento y el papel de las asociaciones de víctimas para el esclarecimiento de la verdad.

"El Estado tomará medidas normativas necesarias para regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia en las causas judiciales", añade la sentencia en uno de sus 22 puntos.

Argentina también deberá desarrollar un programa de capacitación; deberá tomar medidas legislativas y administrativas con el fin de reglamentar las solicitudes de desclasificación de los documentos, y adoptar a medidas legislativas y administrativas para dar pleno acceso a las víctimas y a los querellantes a todas las investigaciones, expedientes, y en suma, a toda la información vinculada directa o indirectamente con el atentado y su encubrimiento.

Argentina tiene un año de plazo para rendir cuentas al tribunal sobre las medidas adoptadas.

Proceso enviciado

"A 30 años del atentado a la AMIA, por fin una sentencia reparatoria. Un fallo que muestra que la justicia escasea, pero existe y que 30 años de lucha desigual han valido para tener, aunque sea un poquito menos de impunidad", señaló la asociación Memoria Activa tras conocer el fallo.

Esta agrupación de familiares promovió esta causa al presentar en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de sus seres queridos y por impedirles el acceso a la justicia

Memoria Activa reprochó durante este tiempo el papel de la dirigencia de la AMIA y de otra de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), por su postura a favor del encubrimiento del atentado.

A principios de abril, el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, definió a Irán como un Estado terrorista al responsabilizarlo del ataque contra la sede de AMIA y también el que sufrió la Embajada de Israel en 1992, que causó 22 fallecidos.

"Lamentablemente, en Argentina no se investigó debida y seriamente a Irán ni a nadie. Al contrario, se encubrió y no se generaron pruebas judiciales suficientes (solo de inteligencia) para una condena penal, algo complicado ya de conseguir a 30 años, pero aquí seguiremos", cuestionó Memoria Activa por entonces.

Bajo el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado argentino reconoció en 2005 su responsabilidad internacional por no haber esclarecido el ataque y se comprometió a tomar una serie de medidas de resarcimiento para con los familiares.

El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco desde 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos.