Han iniciado 62 investigaciones en contra de policías y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, tortura agravada, lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.
De ese número, 56 de carpetas fiscales han sido declaradas "complejas" y 11 han sido formalizadas. El resto se encuentran en diligencias preliminares.
Hay 313 personas en libertad con citación, nueve que tiene comparecencia con restricciones, una con comparecencia simple y una con prisión preventiva, un policía acusado por presunto homicidio calificado en la ciudad de Cusco.
Entre sus recomendaciones, el Ministerio Público consideró "indispensable" la creación de juzgados especializados en materia de derechos humanos para el acceso a la justicia de las víctimas.
Además, instó a fundar una división de derechos humanos en la Policía Nacional que apoye, "de manera exclusiva", al equipo especial de fiscales para casos con víctimas registradas en manifestaciones.
En Perú, un país donde han denunciado impunidad por estos decesos en múltiples ocasiones, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, prometió una "periodicidad semestral" de estos informes sobre los avances.
La directora de la organización en la nación charló con RT sobre la discriminación hacia la población indígena.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lleva más de 500 días en el poder, más tiempo de lo que duró su antecesor, Pedro Castillo. Un período turbulento que ha estado marcado, entre múltiples cosas, por una regresión de derechos básicos.
Un panorama que fue presentado recientemente por la oenegé Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En 24 páginas dedicadas puntualmente a Perú, se plasmó una serie de problemáticas sin resolver.
"Perú ha tenido varios retrocesos en materia de derechos humanos", afirma Marina Navarro, directora de AI en el país latinoamericano, al comienzo de un diálogo con RT.
Se trata de una nación donde murieron 67 personas, de las cuales 49 se dieron en "enfrentamientos" con las fuerzas del orden y otra más se presume que perdió la vida tras ser torturada. Todo en el marco de las protestas contra Boluarte y el Congreso de la República entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
AI publicó en marzo de 2023 otro documento en el que hablaba de "racismo letal" por parte de policías y militares, quienes tuvieron un doble estándar en la represión de las manifestaciones, tanto que la mayoría de muertes se produjeron en provincias lejanas de la capital, Lima.
"Hablamos de un sesgo racista en la represión que hubo de las protestas y esto también lo estamos viendo en el acceso a la justicia. Hemos recogido testimonios de familiares que están teniendo dificultades de acceso a una interpretación durante las audiencias", advierte Navarro.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha calculado que más de cuatro millones de personas en Perú tienen como lengua materna una nativa, principalmente el quechua.
Gran cantidad de diligencias se llevan a cabo en Fiscalías provinciales, algunas situadas en territorios con alta población indígena. Sumado a esto, en AI han documentado casos de discriminación.
"Están volviendo a sentirse, otra vez, que los identifican como terroristas o como delincuentes por parte de las propias autoridades que durante todo el año lo han estado diciendo", critica la directora de Amnistía Internacional Perú.
En un sinnúmero de ocasiones, tanto Boluarte como otros funcionarios adujeron "vínculos" o "infiltraciones" del terrorismo en las movilizaciones. No obstante, jamás mostraron alguna prueba.
"Otra vez hay un sesgo muy marcadamente discriminador y racista hacia las personas de las comunidades campesinas y poblaciones indígenas", deplora Navarro.
Repite la frase "otra vez" en una alusión indirecta al pasado reciente. Durante la era de Alberto Fujimori (1990-2000) se hizo popular el término "terruquear". Altas autoridades calificaban a manifestantes, activistas u opositores de "terrucos", en un intento de vincularlos a grupos terroristas como Sendero Luminoso.
A principios de este año un tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erik Torres Lovón, acusado por presunto homicidio calificado tras la muerte de un joven que marchaba en la ciudad de Cusco en enero de 2023.
Ese avance y la apertura de una investigación preliminar contra altos cargos mediatos en Ayacucho, por la muerte de 10 personas en dicha región, son los resultados que ha documentado AI hasta el momento.
"Ha pasado más de un año, hay 50 víctimas mortales y estos avances son muy limitados para lo que se debería llevar en estas investigaciones", lamenta Navarro. "Hay muchos casos en los que impera la impunidad", añade.
Así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oenegé ha llamado la atención por la existencia de posibles ejecuciones extrajudiciales luego de realizar entrevistas a testigos y revisar necropsias y videos de las movilizaciones callejeras.
"AI ha podido recoger evidencias materiales para decir que al menos 20 casos tienen evidencias de poder haber sido ejecuciones extrajudiciales y deberían ser investigadas como tales", pide Navarro.
La propia Boluarte, quien enfrenta diligencias preliminares por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves a causa de estos hechos, ha pedido celeridad al Ministerio Público.
La exvicepresidenta de Castillo se convirtió en diciembre de 2022 en la primera mandataria del Perú, un país con más de 200 años de historia republicana. En múltiples actos públicos ha destacado esta característica de su mandato, que en teoría durará hasta 2026.
No obstante, todos los sondeos ratifican su rechazo en la ciudadanía. La encuestadora Ipsos situó su aprobación de abril en 8 %. La última vez que fue de doble dígito (10 %) fue en noviembre del año pasado.
La jefa de Estado ha restado importancia a las encuestas y ha enfatizado que lidera un "Gobierno de hechos". El año anterior, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se comprometió a trabajar por una cultura que destierre el machismo de la sociedad peruana. Un ámbito en el que las estadísticas también son desfavorables.
En 2023 se produjeron 170 feminicidios, un aumento de 16 %. También incrementaron los casos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, puntualizó Navarro a este medio.
"En lugar de enfrentar la violencia machista de forma estructural, asistimos al desmantelamiento de toda política que busque reconocerla y combatirla. Los discursos antiderechos se multiplican, incluso desde el propio Estado peruano", dijo.
La organización ha contabilizado 1.354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, cuatro de ellas menores de 11 años. "Hay un retroceso incluso en el lenguaje que se utiliza para combatir el machismo y en materia de educación sexual integral", agrega.
"Estas políticas de género son claves para que puedan disminuir estos casos de violencia de género", estima la experta.
Sin embargo, Boluarte se mantiene en el cargo con el soporte de las fuerzas derechistas del Congreso, entre los que se encuentra el partido ultraconservador Renovación Popular, que encabeza los proyectos de ley en contra del lenguaje inclusivo o del aborto, entre otros temas sociales.
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