Guillermo Francos estrenó su primera semana como Jefe de Gabinete con la agenda de favores prometidos con los gobernadores, que esta semana se pasearon por su despacho para oficializar el traslado de obras públicas. Sin embargo, a solo días de que se sesione la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, el clima de incertidumbre y preocupación es latente: fuentes de la Casa Rosada le pronosticaron a BAE Negocios que temen que algunos mandatarios provinciales "no tienen incidencia" en la Cámara alta y, por lo tanto, el escenario está descontrolado.
Los allegados al ministro niegan que haya un "toma y daca" con el financiamiento de las obras públicas y la aprobación de Bases. Sin embargo, fue uno de los compromisos que se puso sobre la mesa en el marco de las negociaciones que encabezó entonces como funcionario del Interior para destrabar el retorno del proyecto al Congreso, ya que era una de las demandas más fuertes.
Según pudo saber este medio, de las reuniones no solamente se fueron con el traspaso de financiamiento de las obras públicas a las provincias, sino que el Gobierno ratificó la promesa de que van a activar ciertas obras a futuro, si el contexto económico lo permite.
Este jueves fue el turno de Osvalo Jaldo (Tucumán), que al mediodía se metió en el despacho de Francos -que sigue siendo el del Interior- y, de esta manera, se suma a la lista de gobernadores que firmaron los convenios junto a Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigeiro (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Martín Llaryora (Córdoba) participó del encuentro con Torres y Figueroa, pero firmará en los próximos días. El que sigue, según le adelantaron a este medio, es Alfredo Cornejo (Mendoza), que este viernes al mediodía pasará por Rosada para tramitarlo.
Los acuerdos son inconclusos, en algunos casos, ya que las versiones de los que salen del despacho no concuerdan con las que surgen del Gobierno. En principio, el objetivo es que las obras que estén a cargo de Nación sean derivadas a las provincias para que utilicen sus recursos para finalizarlas. Se tratan de obras de vivienda, viales, hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano, como rutas y caminos que cuenten al menos 40% de avance.
Sin embargo, también circuló de parte de fuentes del gobierno provincial tucumano que Nación hoy le prometió a Jaldo invertir $90 mil millones para las obras públicas, lo cual desconocen como cierto de Rosada.
El miércoles 12 o el jueves 13 la Cámara que técnicamente representa a los intereses provinciales va a someter a votación la Ley Bases y el paquete fiscal, a dos semanas de haber conseguido dictaminar. Como anticipó este medio, el paquete fiscal todavía peligra por los desacuerdos en la reversión de la cuarta categoría de Ganancias, el tributo coparticipable que desean las provincias.
"El problema es que tenés jugadores libres que hacen lo que quieren y así es muy difícil negociar", reconocen fuentes de Rosada. Se trata de los rebeldes del radicalismo, Martín Lousteau y Maximiliano Abad; Guadalupe Tagliaferri, la disidente del PRO; y a eso se le suma la grieta sectorial que representan los patagónicos, que representan un cuarto de los senadores, y los norteños.
En ese sentido, reconocen que los mandatarios provinciales no pueden controlar a los legisladores del Senado. Por ejemplo, el santafecino Maximiliano Pullaro no tiene a nadie que le responda. Lo mismo sucede con Jaldo, que en Diputados armó su propio bloque llamado "Independencia", pero es uno de los pocos peronistas que apoyan la iniciativa del Gobierno.
A la lista de gobernadores sin incidencia en el Senado se suma también Figueroa: los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag no apoyan. La única es Lucila Crexell, del monobloque Comunidad Neuquén.
Como la lista de senadores chica, lo cierto es que los que inciden hacen la diferencia, como ocurrió con Ignacio Torres que, con Andrea Cristina como miembro de la comisión de Presupuesto, le retuvo su firma hasta que no reincorporaran el régimen especial para los Patagónicos en Ganancias: a último momento definieron mantener el 22% sobre el piso para el sector. Que se ratifique eso en Diputados genera desconfianza: los radicales ya adelantaron que insistirán con el proyecto original en ese punto y lo más probable es que vuelva a debatirse. (BAE)