El conflicto comenzó hace meses y terminó de estallar el viernes, cuando los policías misioneros tomaron un comando radioeléctrico y se acuartelaran en reclamo de aumentos salariales.

Para entonces, ya llevaban varios días de acampe frente a la jefatura policial, pero sin ninguna respuesta por parte del gobernador Hugo Passalacqua, quien recibió el auxilio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En los últimos días, hubo bloqueo de avenidas, cacerolazos, barricadas y marchas que se combinaron con otras protestas que, a su vez, realizaban los docentes y trabajadores de la salud de la provincia también para exigir incrementos salariales.

La canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros, dos de ellos menores de edad, es el parámetro con el que se mide la pobreza en Argentina. Actualmente tiene un valor de 828.158 pesos (930 dólares).

Sin embargo, los policías de menor rango en Misiones solo ganan 450.000 pesos (506 dólares); y los docentes, 237.000 (266 dólares), lo que implica que ambos sectores están por debajo de la línea de pobreza. Por eso, exigen aumentos de por lo menos el 100 %.

PRESIÓN

"Nos hacen pelear a pobres contra pobres", afirmó Ramón Amarilla, vocero de los policías, durante una entrevista radial en la que explicó el conflicto y advirtió que las autoridades deben dejar de usarlos para reprimir.

"Acá no existe más la orden debida, el policía tiene que hacer lo que corresponde, no nos pagan para pegarle a la gente, acá el gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación grave que están pasando los trabajadores y no utilizar al personal policial ni penitenciario como escudo para lastimar a la gente", señaló.

También advirtió que solo piden lo justo, que es poder darle dos comidas al día a sus familias en una de las provincias más pobres del país.

"No vamos a aceptar el aumento de 15 % que ofreció el ministro coordinador de Gabinete, Héctor Llera; nosotros queremos ir con una oferta de la mejor manera para informar a nuestras bases", advirtió

Durante el fin de semana se temieron enfrentamientos entre los gendarmes enviados por el Ministerio de Seguridad y los policías. El domingo hubo forcejeos y empujones, pero el Gobierno provincial trató de controlar la situación con promesas de aumentos salariales para mayo.

La presión continúa este lunes, ya que las autoridades confirmaron las denuncias contra los policías-manifestantes por el delito de "sedición", que se sumó a otras causas que ya les abrieron por robo, hurto calificado, incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transporte. Y todavía no hay acuerdo para que terminen las movilizaciones y vuelvan a sus puestos de trabajo.