En Argentina, las manifestaciones en las calles tienen una larga tradición. Diferentes sectores de la sociedad protestan con marchas, cortes de calles y acampadas. El derecho a protesta está garantizado por el Artículo 19 de la Constitución.
En mayo, a solo cinco meses de gestión, el presidente Javier Milei batió el récord de huelgas con movilización en las calles contra un Gobierno desde el retorno de la democracia, en 1983: una cada 75,5 días. Con el "protocolo antipiquetes", la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un "cambio de paradigma" para "lograr la paz y el orden público" ante las protestas.
El miércoles 12 de junio de 2024, en una manifestación frente al Congreso, en Buenos Aires, contra la aprobación de la Ley de Bases de Milei se produjeron choques entre la Policía y algunos manifestantes.
La Oficina del Presidente Milei felicitó a las fuerzas de seguridad "por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado".
"A esta altura del siglo XXI, no pensé que íbamos a pasar por esto", dice a DW, desde la capital argentina, Roberto, un médico jubilado (que pide ser identificado con un nombre ficticio). "Desde los días de la dictadura, nunca vi una represión tan salvaje y con tantas fuerzas de seguridad".
"En Amnistía Internacional, venimos registrando situaciones de represión en protestas, pero lo del 12 de junio tuvo otro tenor", asegura a DW Paola García Rey, abogada y directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Sobre los videos de estos hechos que han llegado a manos de la organización, dice que "Amnistía cuenta con un laboratorio de verificación de imágenes y estamos documentándolas para, eventualmente, ponerlas a disposición de la Justicia".
Según ella, un eje de preocupación es "el uso abusivo de la fuerza": "Vimos cómo se lanzaban gases lacrimógenos directamente a los ojos de las personas, incluso de algunos legisladores, lo cual va contra el protocolo de uso de esas armas no letales, y eso prende muchas alarmas", subraya.
Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el protocolo que aplicaron las fuerzas es "restrictivo del derecho a la protesta". "Ya antes de la protesta, funcionarios del Gobierno generaron tensión con sus declaraciones sobre lo que podía pasar en la manifestación", indica.
"De ninguna manera la protesta está limitada; todo lo contrario, está garantizado el derecho a la protesta", contradice Patricio Giusto, analista y director de la consultora Diagnóstico Político. "El 12 de junio, las fuerzas de seguridad empezaron a actuar cuando esos violentos empezaron a atacar", afirma.
Según Giusto, "Justamente uno de los pilares del triunfo electoral de Milei es la promesa de poner orden en las calles, ante estos grupos que se manifiestan de manera violenta cuando no están de acuerdo con algo. En realidad, el operativo de seguridad ha sido muy mesurado", subraya.
"La protesta me parece absolutamente lícita", opina Edith (nombre también ficticio), desde la capital argentina, "es la expresión de los que no están de acuerdo con la política de Milei. Pero la violencia que se desató no se justifica. El problema es cuando el código empieza a ser la violencia", comenta esta contadora argentina a DW.
La abogada especialista en derechos humanos Litvachky tiene otra visión de los disturbios: "Las imágenes muestran que fue el propio dispositivo policial el que, en un momento dado, generó la decisión de dispersar la protesta y avanzar contra los manifestantes. Ahí hubo forcejeos de la Policía con diputados, y algunos de ellos resultaron bastante heridos", señala.
Eso muestra, según ella, "la plena decisión del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Seguridad, de dispersar la manifestación".
Ante la modalidad violenta de algunos, subraya Paola García Rey, desde Amnistía Internacional Argentina, "es el Estado el que debe poder canalizar y contener esos focos de violencia, y tiene la obligación de proteger al resto de los manifestantes".
Con ellas coincide Santiago Alles, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de San Andrés: "Hay preocupación porque lo que hubo fue un escenario de represión en la vía pública. La narrativa del Gobierno es que el espacio público es algo que controlan las fuerzas de seguridad", dice.
Para Alles, esto resulta "atemorizante". En el Gobierno de Milei, explica, "hay una idea de disciplinamiento de la protesta, y se transmite el mensaje de que protestar puede tener costos personales, en particular, para manifestantes no organizados".
En la protesta, hubo 35 detenidos. "Esas son detenciones arbitrarias", sostiene la directora del CELS. La imputación del fiscal federal, Carlos Stornelli, fue genérica y sin pruebas, aduce. Así, Stornelli "tomó la misma postura del Poder Ejecutivo" al ordenar los arrestos.
Los detenidos fueron trasladados a cárceles federales y sus familiares no supieron sobre su paradero hasta días después. "La privación de la libertad es una medida excepcional y extrema, solo se justifica si una persona puede entorpecer la investigación o por posibilidad de fuga. Y eso hay que argumentarlo y probarlo", recuerda la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Para Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, "en las imágenes se ve claramente que había cientos de personas cometiendo delitos en ese momento, y solamente hubo 35 detenidos, y todos quedaron ya en libertad, una falla de la justicia. Al liberar a los delincuentes, los envalentonan para que vuelvan a hacer lo mismo, ya que nada va a pasarles".
Paula Litvachky, del CELS, sostiene que la jueza María Servini de Cubría, que dictaminó falta de mérito en las detenciones para seguir revisando pruebas, "dejó en claro que no se trató de delitos graves como intento de golpe de Estado, ni por parte de terroristas u organizaciones terroristas".
Pero Patricio Giusto critica la visión de los organismos de derechos humanos, "que han hecho la vista gorda frente a todo tipo de abusos, destrozos y acciones realmente criminales de grupos piqueteros y sindicales en los últimos años, especialmente bajo el kirchnerismo. En este operativo hubo policías heridos, y atacar de manera indiscriminada a personas es una actitud terrorista", sentencia.
¿Qué se puede esperar ahora? Paola García Rey, de Amnistía Internacional, dice que es clave el rol de la Justicia en cuanto a que rindan cuentas los miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron actos de violencia, "incluida la ministra Bullrich". Y ver si las personas que fueron detenidas serán judicializadas.
Para Santiago Alles, de la Universidad de San Andrés, "el hecho de hablar de que las personas que protestan están desafiando el orden constitucional, como lo hace el Gobierno de Javier Milei, es muy preocupante. El Gobierno no va a ceder fácilmente la calle".
En tanto, Patricio Giusto, de Diagnóstico Político, sostiene que "en la Constitución argentina y en el Código Penal está escrito lo que se puede y lo que no se puede hacer en términos de protestas en el espacio público. Todos los que hicieron destrozos no van a pagar por ello, ¿o sí?", plantea.
"Se está viendo una escalada represiva muy importante vinculada al derecho a la protesta", puntualiza Paula Litvachky. El temor que manifiesta la directora del CELS es que "el Gobierno esté dispuesto a seguir escalando" en ese sentido. Y espera es "que las instituciones democráticas, así como la comunidad internacional, funcionen de tal modo que eso no suceda". (rml)
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