Un jurado federal de Florida (EE. UU.) falló este lunes (10.06.2024) que la multinacional del banano Chiquita Brands International -acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertes en ese país- tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.

El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a su personal de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista. Tampoco logró demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso la agencia EFE.

El histórico fallo argumenta además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para las personas de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos. Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).

"Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial", dijo en un comunicado Marco Simons, asesor general de la organización EarthRights International.

EarthRights International es uno de los grupos que presentaron en 2007 en la Corte Federal de Nueva Jersey una demanda contra Chiquita Brands, a la que acusaron de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.

La decisión del jurado reafirma lo que esta organización sostuvo durante mucho tiempo: que Chiquita "financió a sabiendas a las AUC, una organización terrorista designada, con el fin de obtener ganancias, a pesar de los atroces abusos contra los derechos humanos de las AUC".

El veredicto resalta también que los demandantes "probaron" de forma palmaria que las AUC mataron a las personas que se enumeran en el documento y que Chiquita, "a sabiendas", brindó asistencia sustancial a las AUC en forma de "pagos en efectivo u otros medios de apoyo en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daños a otros", incluidas las familias de los demandantes.

"Por primera vez, un jurado en Estados Unidos ha declarado responsable a una gran corporación estadounidense por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país, marcando un hito en la justicia", recalcó EarthRights International.

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una Corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".

Los abogados de Chiquita habían argumentado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a su personal de la violencia.

Los familiares de las víctimas afirmaban, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores. Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita.

Después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió. En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares. ama (efe, reuters, afp)