La aprobación de la ley Bases en el Senado trajo alivio a los mercados y revivió una ola de optimismo en el mundo inversor, que había empezado a poner en duda la capacidad del Gobierno para moverse en la arena política. La ley no disipa del todo el interrogante con el que desde un comienzo carga la administración Milei, que llegó al poder casi sin equipos y con un partido armado entre un rejunte de “líberos”, pero sí le da al Gobierno el crédito de estar transitando el camino del aprendizaje.

Entre los empresarios, la votación del Senado disparó llamados y movimientos. Los que apuestan al éxito del Gobierno se apuran por avanzar con inversiones que, creen, en algunos meses podrían terminar siendo mucho más caras. Todavía son los tiempos del “compre barato” y oportunidades sobran. Porque también todavía hay muchos nombres internacionales que no están dispuestos a seguir pagando para ver una Argentina distinta.

El Grupo Petersen, dueño de los bancos de Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y de Santa Fe, es uno de los que está viendo la oportunidad de crecer en el sistema financiero, e incluso transformarse en un jugador de peso. Las compras de HSBC por parte de Banco Galicia, y de Itaú por parte de Macro, hacen prever que en el sistema financiero argentino se avecina un fuerte proceso de consolidación. La competencia de Mercado Pago, a su vez, obliga a los grandes bancos locales a apostar con fuerza. Aunque lejos está aún de concretarse, el grupo de la familia Eskenazi aspira a quedarse con la filial argentina del banco BBVA. Hace cuatro meses que hay conversaciones (con viajes incluidos) entre los responsables del grupo nacional, exaccionista de YPF, y de los accionistas del banco español. No es una operación fácil: por un lado, el vendedor se encuentra atareado en España con su propia operación de adquisición del banco catalán Sabadell; por el otro, para el comprador significa un salto más que ambicioso, dado que pasaría de administrar activos por $3,7 billones (según últimos datos del Banco Central) a incorporar –sólo con el BBVA– activos por otros $8 billones adicionales. No sería de todas formas la primera vez que el grupo de la familia Eskenazi pica alto. Queda ver si el vendedor se arriesga.

Pero no es el único grupo nacional con vocación de apostar a crecer. También es de esperar movimientos en la industria de consumo masivo. La recesión económica y el cansancio que manejan algunos grandes jugadores internacionales después de años de lidiar con controles de precios, trabas a las importaciones y condiciones macroeconómicas inciertas, dieron pie a muchas conversaciones. Algunas están avanzadas.

Entre las empresas de consumo, además, la luz al final del túnel por ahora es sólo objeto de momentos de alucinación. Aunque la caída de la demanda de mayo fue inferior a la de abril, no hay señales claras de rebote. Algunos creen que junio podría dar indicios más firmes de hacia dónde va el mercado, dado que muchos supermercados y grandes cadenas que se habían estoqueado a comienzos de año, desconfiando de una desaceleración de la inflación, recién ahora empiezan a poner sobre la mesa nuevas órdenes de compra. Otros, todavía no se arriesgan ni siquiera a ilusionarse.

La industria petrolera es, tal vez, una de las que más festeja por estas horas la Ley Bases. YPF decidió acelerar el proyecto con los malayos de Petronas para la planta de licuefacción de gas (necesaria para poder incrementar la exportación de la producción de Vaca Muerta). Mientras, otras como Wintershall y PAE están empezando a analizar proyectos propios.

En el mundo minero, en tanto, hay compañías desconcertadas por el aumento de las regalías que se decidió incorporar a último momento en la norma a pedido del gobernador sanatacruceño Claudio Vidal, el más duro de los negociadores. El sector, uno de los más interesados en que salga la Ley Bases y de los que más inversiones tiene pendientes de ejecución, había apostado un pleno a la virtudes negociadoras del senador Martín Lousteau, en cuyo dictamen de minoría habían logrado colar su posición. Los mineros estaban confiados en que con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, el dictamen del senador radical terminaría por prevalecer. La curva de aprendizaje política no es exclusiva de los libertarios.

Para el gobernador Vidal –el responsable de los dos nóveles senadores díscolos, José Carambia y Natalia Gadano, que a último momento amenazaron con boicotear la votación–, el aumento de las regalías mineras del 3 al 5% salva en gran medida las finanzas provinciales. La provincia no la tiene fácil. En el último tiempo sufrió la suspensión de la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, que dependían de capitales chinos (habrá que ver si la posible visita del presidente Milei a China termina por destrabar las obras), debió aceptar la decisión de YPF de suspender la actividad petrolera en las áreas convencionales, que no le eran rentables, y además vio cómo se le reducían los flujos de fondos de la Nación hacia Yacimientos Carboníferos Río Turbio (hoy con un plan de ajuste y de retiros voluntarios, como muchas de las empresas públicas). Para peor, la brecha cambiaria, que en los últimos días había escalado hasta superar el 45%, volvió a favorecer la migración de turistas hacia Chile. Un combo que inevitablemente fortaleció su posición dura. Y el Gobierno no tiene intenciones de cambiar el capítulo minero en Diputados, como sí piensa hacer con otras modificaciones impuestas por el Senado, como la eliminación de algunas privatizaciones o de las reformas de los impuestos a las ganancias y bienes personales. De hecho, para Federico Sturzenegger, asesor de Milei y el ideólogo de la ley, aumentar las regalías es una buena decisión. Su argumento, según explica entre los propios, es que una regalía mayor sirve como disuasor de los movimientos antimineros, ya supone que la provincia tiene más fondos para volcar en las comunidades. Al mismo tiempo, en otras provincias, terminaría por transparentar gastos que hoy los gobiernos provinciales les exigen a las empresas privadas que hagan como, por ejemplo, en infraestructura o escuelas. “En algunas provincias, la regalía resulta tan baja que no tienen fondos para volcar a las comunidades y seducirlas. Así pasa como en Chubut, donde el lobby antiminero gana, mientras que con el petróleo en la misma provincia no hay problema”, explica una fuente cercana al asesor presidencial.

También Córdoba obtuvo su ganancia de la Ley Bases, al lograr que el Gobierno quitara desde un comienzo a Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) del listado de las empresas a privatizar. El gobernador Martín Llaryora tiene una idea ambiciosa para Fadea, una empresa con sede en Córdoba hoy todavía a cargo del Estado nacional, que le permitiría incrementar la generación de empleo en la provincia. Llaryora aspira a que la provincia se transforme en un polo de inversiones militares, con Fadea como empresa de servicios para la industria aeronáutica regional, además de posible desarrolladora de drones. Ya empezó a compartir su idea con varios actores del sector privado.

La realidad, de todas formas, es que todas las provincias están revisando sus números. La otrora opulenta Ciudad de Buenos Aires, tal cual la describió en algún momento Cristina Kirchner, está viendo cómo sus ingresos se recortan a una velocidad preocupante. No sólo por la caída en la recaudación producto de la menor actividad económica, sino que la decisión de Milei de eliminar las Letras del Banco Central (Leliq) amenaza con poner sus cuentas en rojo. Según un informe de Facimex, si no hubiera sido por el impuesto a los Ingresos Brutos que CABA cobró sobre las Leliq, en 2023 el distrito de Jorge Macri hubiera incurrido en un déficit del 20% de los ingresos. El año pasado, CABA fue, según Facimex, la provincia con mayor crecimiento del gasto: 12% real. Es de esperar que, si CABA no recibe los fondos que la Nación le adeuda por coparticipación, la tensión entre el macrismo y el mileísmo escale rápido.

No serán meses fáciles para la administración Milei. Más allá de que ahora tiene logros palpables tanto en el terreno económico como en el político, los desafíos siguen. Los problemas en la gestión todavía pueden empañar las victorias. El abogado y exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías lo explica claramente en su newsletter de este jueves: “El proyecto de ley consta de otros dos ejes: uno apunta a lo fiscal, con los remedios de coyuntura de siempre: moratoria y blanqueo. El otro a la inversión. Ambos dependen de que se resuelvan mínimamente las debilidades del Gobierno, lo que plantea un problema circular que podría empezar a resolverse: sin política y gestión no hay confianza, y sin ella no hay blanqueo ni inversión”, sentencia.

En lo económico, las expectativas estarán puestas en las negociaciones con el Fondo Monetario por un nuevo acuerdo. En el board del organismo no creen que haya novedades hasta septiembre. Mientras que en el plano político, la postulción del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema no deja de generar polémica. Este jueves, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apeló a su mejor oratoria para intentar sortear ante una auditorio plagado de abogados la pregunta de por qué el Gobierno insistía con la postulación del cuestionado juez. “Es una decisión respecto de la cual sopesamos todas las implicancias políticas e institucionales”, respondió Francos, que participó de un convite organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad. Lo que no dijo fue que al respecto existe una grieta –otra más–, que separa al Ejecutivo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien, según señalan algunos, estaría trabajando para evitarlo. Pero sí dejó entrever que el Gobierno apunta a incrementar el número de miembros de la Corte para así poder cumplir con el cupo femenino. Evidentemente el Gobierno tiene atracción por las grandes batallas. (La Nación por Florencia Donovan)