El Ejecutivo español había pospuesto impulsar esas medidas para despúes de las elecciones europeas y, este miércoles 12 de junio, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero español (PSOE), concretó que lo hará en las próximas semanas.
Lo adelantó en respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la cámara, quien le instó a actuar, tras "descubrir" que hay fascistas en España que "le quieren mal", más allá de enviar cartas a la ciudadanía y de mandar mensajes en las redes sociales.
Sánchez puntualizó posteriormente, durante una entrevista en La 1 de TVE, que el Gobierno debe trasponer la directiva europea vinculada a la financiación de los medios de comunicación e instó al opositor Partido Popular a apoyarla en el Congreso.
Además, señaló que no solo son medidas para incidir en la pluralidad informativa y en la veracidad de la información sino también para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también explicó en los pasillos del Congreso que el plan de regeneración democrática abarcará "diferentes aspectos de la vida política".
"No se trata de recetas, se trata justamente de ir a una de las cuestiones más importantes que tienen que albergar las sociedades democráticas del siglo XXI. Ser capaz de poner remedio a esa máquina del fango", dijo.
Por su parte, durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC también reiteró al presidente que, si de verdad quiere acabar con lo que llama "fango", utilice el Boletín Oficial del Estado (BOE) y plantee propuestas en el Congreso como votar de forma inmediata la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o vetar para la contratación pública a empresas privadas que han colaborado con esa maquinaria.
También le pidió aumentar las multas por perseguir, difamar y mentir de 14.000 a 150.000 euros.
A renglón seguido, Sánchez subrayó que el Gobierno tiene ante sí una agenda de reducción de la desigualdad con políticas como las relativas a vivienda, y resaltó logros progresistas de los últimos años como la reforma laboral, de las pensiones o la educativa.
"Yo tengo muchos defectos pero hablo claro. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete", recalcó.
Rufián preguntó a Sánchez si temía una moción de censura y el presidente del Gobierno respondió que "de personas desesperadas como el señor (Alberto Núñez) Feijóo" se teme cualquier cosa, pero ha considerado que se trata ya de un debate agotado. rml (efe, abc, @desdelamoncloa)
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"Es imperativo que todos aquellos que cometieron crímenes rindan cuentas", declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Independiente Internacional de Investigación para los Territorios Palestinos, la sudafricana Navi Pillay.
En su primer informe sobre el conflicto iniciado con los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, la Comisión -creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la guerra de 11 días entre Israel y Hamás en mayo de 2021- estimó que las autoridades israelíes "son responsables" de "crímenes contra la humanidad", particularmente de "exterminio", en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre.
"Se cometieron crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, persecución de género contra hombres y niños palestinos, traslado forzoso, actos de tortura y tratos inhumanos y crueles", se lee en el informe, publicado este miércoles 12 de junio.
A diferencia del genocidio, los crímenes contra la humanidad no necesariamente tienen que estar dirigidos a un grupo de población en particular, sino que pueden dirigirse contra cualquier población civil, según la ONU. Sin embargo, deben cometerse como parte de ataques a gran escala, a diferencia de los crímenes de guerra, que pueden ser actos aislados.
Durante los ataques terroristas de Hamás, el 7 de octubre, en al menos dos casos, el Ejército israelí aplicó la "directiva Aníbal", que defiende el uso de toda la fuerza posible para evitar que soldados del país caigan en manos del enemigo, incluso a costa de la vida de éstos, aseguró la comisión de investigación de la ONU. Esto "que causó la muerte de 14 civiles israelíes", precisó.
En uno de esos casos, un tanque israelí disparó contra 13 personas retenidas en una casa en el kibutz de Beeri, uno de los atacados por Hamás y otros grupos armados. En el otro, una mujer murió por los disparos de un helicóptero del Ejército de Israel, cuando estaba siendo secuestrada.
La comisión comprobó también la presencia de ocho helicópteros en el Festival Nova, uno de los principales objetivos de los atentados de octubre, aunque, en este caso, el informe subrayó que no pudo confirmar si desde ellos se disparó a los civiles.
En el informe, la comisión presidida por la sudafricana Navi Pillay también asegura que la respuesta de las fuerzas israelíes a los atentados "fue significativamente postergada en sus momentos iniciales, y en muchos casos fue totalmente inadecuada". "Algunos pequeños grupos de fuerzas de seguridad israelíes llegaron con lentitud, insuficientes en número, y mostraron descoordinación", concluyó el documento.
El documento denunció también que las autoridades israelíes dieron prioridad a la identificación de víctimas y la entrega de sus cuerpos a sus familias para ser enterrados antes que a las pruebas forenses, lo que impidió recolectar evidencias de los abusos cometidos en los ataques, especialmente en materia de crímenes sexuales.
Respecto a los ataques de Hamás y otros grupos palestinos contra Israel, el 7 de octubre, la comisión acusó a los grupos armados palestinos de haber cometido diversos crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles, asesinatos y actos de tortura. También identificó "esquemas de violencia sexual", dirigidos en particular a mujeres israelíes, y concluyó que no se trataba de incidentes aislados.
Sobre la ofensiva israelí en Gaza, la comisión afirmó que las autoridades israelíes son "responsables de crímenes de guerra", y citó, entre otras cosas, el uso del hambre como arma de guerra, los ataques dirigidos intencionalmente contra civiles, la violencia sexual, la tortura y los traslados forzosos.
En Cisjordania, la comisión constató que las tropas israelíes "cometieron actos de violencia sexual, tortura, tratos inhumanos o crueles y atentados contra la dignidad personal, que constituyen todos crímenes de guerra". Afirmó también que el gobierno y las tropas israelíes "permitieron, alentaron e incitaron una campaña de violencia por parte de los colonos".
El informe también señaló declaraciones de funcionarios israelíes -"incluidas aquellas que reflejan la política de infligir una destrucción generalizada y matar a un gran número de civiles"-, que pueden constituir crímenes internacionales graves, como la incitación al genocidio, a la discriminación y a la violencia.
"La única manera de poner fin a los ciclos recurrentes de violencia, incluidas las agresiones y las represalias por parte de ambas partes, es garantizar el estricto respeto del derecho internacional", añadió Pillay, quien fue otrora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza de la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta comisión, que tiene el mandato de estudiar todas las causas profundas del conflicto israelí-palestino, acusa también a las autoridades israelíes de "obstaculizar" sus investigaciones y de negarle el acceso a Israel y a los territorios palestinos ocupados.
Así que su informe se basa en entrevistas con víctimas, realizadas a distancia y durante una misión a Turquía y Egipto, y en documentos que incluyen informes forenses e imágenes de satélite.
Pillay pidió a Israel que "cese inmediatamente sus operaciones militares y sus ataques en Gaza, incluyendo su asalto en Rafah". Asimismo, llamó a Hamás y a los grupos armados palestinos a "detener inmediatamente sus disparos de cohetes y a liberar a todos los rehenes". "La toma de rehenes constituye un crimen de guerra", añadió.
Israel calificó de "abominable e inmoral" este informe. "La comisión ha probado una vez más que sus acciones están al servicio de una narrativa contra Israel, y que nunca hará justicia a las víctimas del terrorismo palestino", aseguró en un comunicado la embajadora israelí ante la ONU en Ginebra, Meirav Eilon Shahar, minutos después de que se publicara el documento.
Aunque el informe también acusa al grupo armado palestino Hamás de crímenes de guerra y contra la humanidad, el comunicado acusó al documento de "sesgado" con el fin de atacar a Israel. "Justifica el horrible ataque del 7 de octubre, contextualizándolo a través del punto de vista palestino, y sin mencionar décadas de terrorismo o los continuos lanzamientos de cohetes contra el territorio israelí", afirmó el comunicado israelí.
Según Israel, el informe "intenta de forma intolerable y repugnante establecer una falsa equivalente entre soldados de las fuerzas de seguridad israelíes y terroristas de Hamás en lo que respecta a actos de violencia sexual". También olvida, afirma, el "deliberado uso de escudos humanos por Hamás", y acusa a Israel de "supuestamente no defender a su población el 7 de octubre".
Según el comunicado, mientras Hamás es una organización terrorista sin ley, el Ejército israelí es un país democrático comprometido con el Estado de derecho y con un Ejército que "opera en línea con las normas internacionales".
La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a 1.194 personas y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un balance de AFP en base a datos oficiales. El Ejército israelí estima que 116 rehenes siguen cautivos en Gaza, aunque 41 de ellos estarían muertos.
La operación lanzada en respuesta por Israel en Gaza ha dejado hasta ahora más de 37.000 muertos, según el Ministerio de Salud del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, considerada una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros países. rml (afp, efe)
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