El pasado 9 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un "conflicto armado interno" en el país suramericano y definió a 22 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".
Esa declaratoria acompañó a un estado de excepción que decretó a nivel nacional y se extendió por 90 días; sin embargo, la medida se ha ido renovando en algunas provincias del país, como parte de las acciones para intentar frenar la creciente violencia, que las autoridades atribuyen a esos grupos del crimen organizado transnacional.
Desde entonces, miles de militares y policías fueron desplegados en las calles y las prisiones del país. Según los resultados publicados por el Gobierno sobre las acciones emprendidas por la fuerza pública, desde el 9 de enero y hasta el 11 de marzo fueron detenidas 13.073 personas, 280 de ellas señaladas de terrorismo.
La semana pasada, durante su informe a la nación, Noboa aseguró que durante su mandato han reducido las muertes violentas en Ecuador en un 27 %; afirmación que según Lupa Media es falsa, puesto que, aunque sí han disminuido estos crímenes, la reducción ha sido del 17,24 %.
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reconocen la reducción de los homicidios, pero denuncian graves violaciones por parte de la fuerza pública tras la declaración del "conflicto armado interno" y los continuos decretos de estado de excepción.
"Ha habido un ascenso bastante marcado de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas que ahora y desde ese entonces, protagonizan operaciones frente a la inseguridad", dice, en entrevista con RT, Billy Navarrete, director ejecutivo y representante legal del CDH, organización con sede en Guayaquil.
Navarrete explica que esas violaciones se evidencian en la actuación de la fuerza pública en dos escenarios: el carcelario y el comunitario.
En el tema comunitario, indica, han registrado al menos una ejecución extrajudicial; aunque, según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a la organización Human Rights Watch, esa institución abrió ocho investigaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales desde enero hasta abril y otras 67 indagaciones contra funcionarios públicos por "extralimitación en la ejecución de un acto de servicio".
El caso que menciona Navarrete ocurrió el pasado 2 de febrero en el Barrio Cuba de Guayaquil. Según el relato de un familiar, que está publicado en la página web del CDH, ese día, Carlos Javier Vera, de 19 años, fue asesinado tras recibir tiros por parte de una patrulla militar, cuando se movilizaba en un auto junto a su primo Eduardo Velasco, quien resultó herido.
El hecho se dio cuando en un puesto de control, Velasco habría rozado accidentalmente la bota de un soldado mientras daba marcha atrás para irse del lugar. Tras los disparos, partió del sitio para llevar a su primo al hospital y más adelante se da cuenta que también está herido, detiene el auto y se baja para pedir auxilio, pero "llegaron los militares atrás, los mismos militares que ya los habían atacado, los tiran al piso [...] los insultaron", dice el relato. Vera murió al siguiente día en el hospital.
"No había una circunstancia de persecución y, aún fuese así, los militares tenían la prohibición de disparar a los ocupantes del auto", manifiesta Navarrete.
El director del CDH denuncia que, además, ha habido detenciones arbitrarias. "Se elevó el número de detenidos de forma asombrosa", señala e indica que las capturas ocurrían principalmente en barrios pobres.
"Los golpeaban en la propia comunidad, o sea, la patrulla llegaba, sometía a los chicos, los apañaba hasta dejarlos desarmados, y a algunos se los llevaban", explica. No obstante, añade que muchos quizás fueron dejados en libertad posteriormente o un juez de flagrancia no encontró méritos para mantenerlos retenidos.
Esto coincide con las quejas que ha transmitido la organización Human Rights Watch a Noboa, en una carta que le envío al mandatario la semana pasada. En ella señala que "muchas personas que se reportaron como detenidas en el país, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez".
"Aunque la Policía y el Ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo, muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y haber sido sometidas a represalias, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías", agrega.
En el escenario carcelario, se identifica la ocupación, por parte de los militares, de las prisiones del país, como, por ejemplo, el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', ubicada en la ciudad de Guayaquil y considerada la cárcel más peligrosa y poblada de Ecuador. El Gobierno ha destacado los decomisos de armas, drogas y otros objetos prohibidos, así como la toma de control de estos recintos.
Durante las intervenciones, explica Navarrete, se ha impedido el ingreso de otros funcionarios públicos al lugar, incluyendo a personal del Ministerio de Salud que atiende a los prisioneros, "algunos con enfermedades catastróficas". En la organización recibieron al menos 100 denuncias en abril por restricción a la atención médica a personas con problemas crónicos.
"Impidieron (el ingreso) también a delegados de la Defensoría del Pueblo, que se acercaron para hacer monitoreos sobre situaciones que se comenzaron a visibilizar [...] Las familias, también, no tienen información sobre la situación de sus parientes", agregó el titular del CDH.
En la misiva de Human Rights Watch a Noboa, la organización dice que los militares que controlan las cárceles "han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica".
Navarrete hace mención a una violación sexual que cometieron cinco militares contra una mujer trans. El caso se elevó a la Justicia, donde un juez indicó que esto entra en "la figura de tortura".
Además de la falta de atención médica, la incomunicación y otras violaciones, Navarrete menciona que la población carcelaria en Guayaquil está en riesgo de quedarse sin recibir alimentos, debido al impago a la empresa que ofrece ese servicio.
Para una persona "que está en confinamiento, que no se puede valer por sí mismo para conseguir alimentos, es tortura", resume el titular del CDH.
Por otro lado, Navarrete denunció que ante el "discurso militarista" y "de mano dura", cualquier adversario u opositor "recibe ataques de forma indiscriminada".
Según contó, por ejemplo, cuando denunciaron la violación sexual a la mujer trans en la prisión y frente al fallo judicial a su favor, el Ejecutivo respondió calificando de "antipatriota" al juez y a las organizaciones de derechos humanos. Dijo, además, que en esos días el CDH sufrió un ataque cibernético, del que, por suerte, lograron librarse.
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