"Damos la bienvenida a la aprobación en el Congreso de una legislación fiscal y estructural clave, así como las medidas para fortalecer el marco de política monetaria", destacó el 28 de junio en las redes sociales la portavoz del organismo, Julie Kozack.

La entidad multilateral, que mantiene con Argentina un préstamo de 44.000 millones de dólares concedido al Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), planteó que el objetivo de las dos normativas "es mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica".

"Seguimos colaborando constructivamente con el equipo económico en políticas para crear una Argentina más próspera y estable", añadió la portavoz del organismo.

El organismo pidió hace unos días que el Gobierno del presidente, Javier Milei, mejorara la calidad del ajuste fiscal que lleva adelante para lograr superávit fiscal, sin que de momento haya evaluado entregar un nuevo crédito al país sudamericano, una de las expectativas de la actual gestión.

El FMI concluyó en junio la octava auditoría trimestral que aprobó el 13 de mayo el personal técnico del organismo y desembolsó 800 millones de dólares al país sudamericano, en el marco del programa de Facilidades Extendidas suscrito en marzo de 2022 por la gestión anterior que presidió Alberto Fernández (2019-2023).

Argentina, que de momento no solo paga intereses, sino que además enfrenta sobretasas por tener un préstamo más cuantioso con la entidad, comenzará en 2026 el proceso de devolución de la deuda en sí, que se realizará en 12 cuotas semestrales, hasta 2032.

La Ley Bases, que fue sancionada en la madrugada del 28 de junio por 147 votos favor, 107 en contra y dos abstenciones, y pudo prosperar pese a que la coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), contaba con 37 diputados de los 257 en la Cámara Baja y siete senadores de los 72 escaños del Senado, valoró el funcionario.

El presidente adelantó este 28 de junio que el Gobierno prepara "un cambio del régimen monetario" como parte de la segunda etapa de gestión, lo que vendría acompañado "de la reforma del sistema financiero".

La Ley Bases y el paquete fiscal, que ya pueden ser promulgadas por el presidente, delega facultades legislativas en el presidente, por el plazo de un año, en las áreas declaradas en emergencia: la administrativa, la económica, la financiera y la energética.

La legislación acepta la privatización de seis empresas públicas de las 41 que tenía por pretensión. Dos podrán pasar a manos privadas de manera completa: Intercargo, que brinda servicio aeroportuarios, y Energía Argentina, encargada de la generación y transporte de la energía eléctrica, de la importación y distribución de gas natural, y del desarrollo de obras de infraestructura.

También podrán ser privatizadas Nucleoeléctrica, que gestiona las tres centrales nucleares del país, y la empresa minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio, pero deberán mantener una mayoría estatal en el paquete accionario.

En simultáneo, podrán ser concesionadas o privatizadas de manera parcial Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera una línea ferroviaria de mercancías que recorre provincias agropecuarias; Corredores Viales, que opera la mayoría de las carreteras con peaje; y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios en seis de los ocho ramales de la zona metropolitana de Buenos Aires, y administra además los servicios de larga distancia.

La ley incluye una reforma laboral que amplía el período de prueba, elimina las multas por trabajo no registrado, incentiva un fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones, y permite a un empleador contratar a otros trabajadores de manera independiente sin establecer una relación de dependencia.

El oficialismo también resignó en la Cámara Alta la posibilidad de disolver organismos culturales, así como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La Ley Bases también introduce un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros de gran envergadura, durante 30 años, a proyectos que superen los 200 millones de dólares y se encuadren en los sectores agroforestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderúrgica, petróleo y gas.

En este contexto, el Ejecutivo de Milei impulsa un inédito plan de ajuste para lograr superávit fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una abrupta reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos que ha provocado que la economía entre en recesión.