Las autoridades británicas de las islas Malvinas —cuya soberanía es disputada entre el Reino Unido y Argentina desde 1833— iniciaron una consulta pública de varias semanas para que los habitantes del archipiélago ubicado en el Atlántico Sur se expresen sobre el proyecto petrolero Sea Lion, que podría cambiar la estructura económica del territorio.
El Sea Lion es un yacimiento offshore de petróleo ubicado en las aguas circundantes a las islas y que ya está siendo perforado por la empresa de origen israelí Navitas. En el marco del proceso de habilitación final del emprendimiento, las autoridades británicas de las islas convocan a los isleños a expresarse hasta el 5 de agosto acerca de un estudio de impacto ambiental elaborado por la propia compañía.
A través de un comunicado, las autoridades de las islas consignan que el proyecto Sea Lion implican la perforación de 23 pozos petroleros en una zona del Atlántico Sur ubicada a 220 kilómetros al norte de las islas. Según la empresa, el yacimiento permitiría la producción de unos 300 millones de barriles de petróleo a lo largo de los próximos 30 años.
La posibilidad de comenzar a explotar un yacimiento de estas características entusiasman a las autoridades británicas en las islas. John Birmingham, uno de los integrantes de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, afirmó en declaraciones divulgadas por el propio Gobierno local que "los hidrocarburos marinos tienen el potencial de ser una parte significativa de nuestra economía en las próximas décadas".
El avance de este proyecto ya preocupa a los argentinos, que entienden que el Reino Unido busca extraer petróleo de una zona marítima que le pertenece y que, por lo tanto, se trataría de una depredación ilegal de recursos argentinos.
En diálogo con Sputnik, el abogado argentino experto en derecho internacional Facundo Rodríguez explicó que la intención británica de explotar un yacimiento petrolífero en aguas circundantes a las islas "viola la disposición 3149 de las Naciones Unidas, que pide que ambas partes se abstengan de realizar acciones de manera unilateral que generen modificaciones en las islas".
Para el experto, la intención del Reino Unido de avanzar en la explotación petrolera es aún más grave que los permisos de pesca que las islas otorgan regularmente en las aguas circundantes y que, al tiempo que son cruciales para la economía de las islas, son considerados ilegales para Argentina.
"Ya no estamos hablando de pesca, que en última instancia es un recurso renovable, aquí se trata de explotación o disposición de recursos no renovables, un recurso que se explota y no vuelve a aparecer, por lo que la cuestión se vuelve muchísimo más delicada", sostuvo Rodríguez.
Para el especialista, la actividad petrolera en aguas que Argentina reclama como suyas generará "un daño irreparable para Argentina y los 45 millones de argentinos", debido a que se trata de un recurso que el país sudamericano no podrá recuperar. Esto ya sucede, indicó, con el stock pesquero que el Reino Unido habilita a capturar anualmente, aunque en ese caso sí tiene una recuperación anual.
Además, y más allá de los estudios de impacto ambiental presentados ante las autoridades británicas de las islas, Rodríguez consideró que las empresas detrás del proyecto "no son de primer nivel internacional sino de segundo o tercer nivel", lo que podría incluso incrementar el riesgo de desastres ambientales.
Una de las novedades de este proceso es que el Reino Unido apele a una consulta popular para habilitar la continuidad del emprendimiento. Según Rodríguez, la participación de los habitantes constituye únicamente una maniobra británica en su objetivo de presentar a los isleños como una "tercera parte" en el conflicto, algo que Naciones Unidas desestimó al considerarlos una población de origen británico implantada en el territorio.
"El Reino Unido insiste con la idea de mostrar a la comunidad internacional que en las islas existe una suerte de autogobierno de los isleños y que tienen una relación moderna con Londres. Pero no es más que un nuevo ropaje para el viejo sistema colonial británico", enfatizó.
En ese sentido, Rodríguez repasó que, mientras se habilitan "ciertos actos de democracia directa" a los isleños, los gobernadores de las islas son designados por la Corona Británica a partir de sugerencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y sin injerencia de los isleños. "La población local es una variable de ajuste, como se ha visto también en otros territorios a descolonizar, o como los llaman ellos territorios británicos de ultramar, que es un eufemismo para sus colonias", apuntó.
Rodríguez consideró que, tal como hace históricamente, Argentina debería denunciar esta situación en todos los foros internacionales posibles, sumando ahora la cuestión ambiental como un posible riesgo para países no solo de Sudamérica sino también de la costa sur africana.
Pero, a su vez, el Gobierno de Javier Milei podría aprovechar su actual cercanía con Israel para intentar desalentar que la compañía Navitas avance en el proyecto mientras no se resuelve la situación de soberanía sobre las islas, consideró el analista.
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