Mientras que Chile y Perú se han convertido en dos de los principales productores de cobre, Argentina no ha desarrollado el sector y actualmente no tiene ninguna mina en operación. La última, Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, cerró en 2018.
El desarrollo de una mina de cobre requiere de inversiones de miles de millones de dólares que hasta ahora no han ocurrido en Argentina. Además, la industria es cuestionada por organizaciones sociales y ambientales debido al potencial de contaminación, disputas sobre el uso del agua y otros conflictos en las zonas que rodean las minas.
El desarrollo del sector del cobre en Argentina es una de las principales apuestas del actual presidente, Javier Milei, que ha propuesto relajar la normativa medioambiental en un intento de fomentar la inversión y la extracción.
Entre otras cosas, ha sugerido debilitar la Ley de Glaciares, que protege los glaciares del país, una fuente clave de agua para Argentina que podría verse afectada por posibles operaciones de extracción de cobre. Recientemente se aprobó en el Senado un controvertido paquete legislativo que podría suponer una amplia desregulación.
Para 2031, Argentina pasaría a convertirse en el sexto productor de cobre más importante del mundo con un promedio anual de exportación en torno a los 8.440 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem).
Para ello, ya existen ocho proyectos en etapa de exploración avanzada. Con el desarrollo de al menos tres, la minería se convertiría en en el tercer complejo exportador argentino, sostiene Victor Delbuono, investigador en el think-tank argentino Fundar.
“Esto permitiría balancear un desarrollo históricamente centrado en el sector agropecuario y dinamizar otras zonas donde existen pocas alternativas”, agrega.
El cobre, un conductor eléctrico, es uno de los minerales críticos ―junto con el litio, el cobalto y el níquel, entre muchos otros― para la transición energética. Se utiliza en la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y las redes eléctricas que conectan las fuentes renovables a los hogares y las empresas.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda del cobre se incrementaría en un 40% en las próximas dos décadas si se cumplen las metas del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura en 1,5 grados centígrados.
Un auto eléctrico cuadriplica las necesidades de cobre respecto a los vehículos convencionales, mientras que la instalación prevista de energía solar supondría triplicar la demanda de cobre del sector solar. Además, las mejoras de las redes de transmisión que serán necesarias para apoyar la expansión de las energías renovables supondrían duplicar la demanda de cobre que se observa actualmente para estas infraestructuras.
En consecuencia, este escenario pone en tensión la capacidad de suministro del cobre y eleva las perspectivas de su costo. Los precios superaron los 11.000 dólares por tonelada en mayo, alcanzando máximos históricos, y se prevé que alcancen los 12.000 dólares por tonelada en 2025, según un informe de Citibank publicado en diciembre.
La producción mundial de cobre es liderada por Chile con un 24% del total en 2022, seguido por Perú y la República Democrática del Congo con un 10% cada uno. Las proyecciones de Caem prevén que Argentina ocupe el 5% del total del total de la producción mundial en 2031.
Las proyecciones de demanda a futuro son todavía más desafiantes y calculan que, en 2050, la misma aumentará un 142%. Eso supone una producción adicional de 40 millones de toneladas, equivalente a más de siete veces del volumen total de Chile, principal productor del mundo.
“En teoría, los precios más altos deberían fomentar la aprobación de proyectos y una mayor oferta. Sin embargo, las condiciones para ejecutar proyectos son desafiantes, con obstáculos políticos, sociales y ambientales más altos que nunca”, afirma Eleni Joannides, directora de investigación de Wood Mackenzie.
El problema es que, del descubrimiento a la puesta en marcha, cada proyecto requiere, en promedio, de 16 años.
El primer proyecto en entrar en producción sería Josemaría en la provincia de San Juan, que se encuentra en etapa de preconstrucción y pertenece al Grupo Lundin.
La empresa estadounidense aspira a ponerlo en marcha entre 2026 y 2027, lo que, se estima, demandará entre 4000 y 5000 millones de dólares. La mina tendría una vida útil de 19 años, en los cuales se exportarían unos 1100 millones de dólares anuales.
Otro de los proyectos que está avanzado es la mina Los Azules, de la empresa canadiense Mc Ewen Copper, también en San Juan.
Aquí, la inversión requerida gira en torno a la mitad de Josemaría, a pesar de tener una expectativa de producción de 10.000 toneladas más de cobre al año y ocho años más de vida útil.
Principalmente, esto se debe al uso de un método de producción menos intensivo en energía y por menores costos logísticos gracias a su ubicación.
“Estamos ubicados en un lugar estratégico, a muy pocos kilómetros de la red eléctrica y a una altitud relativamente baja comparado con el promedio de la región. Cuando entremos en producción, Los Azules podría representar alrededor de 35 % del producto bruto de toda la provincia de San Juan”, indica su presidente Michael Meding.
El listado se completa con El Pachón, Filo del Sol y Altar, también en la provincia de San Juan; Taca-Taca en Salta; Mara en Catamarca; y San Jorge en Mendoza. Todos estos proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo.
Las dificultades económicas de Argentina y la actual incertidumbre en torno a la legislación nacional suponen un reto para el sector, según declaró a Dialogue Earth el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Juan Pablo Perea: “Los factores macroeconómicos del país y sus políticas regulatorias deben brindar un marco de previsibilidad y competitividad para atraer las inversiones necesarias”.
Los glaciares y el ambiente periglaciar representan 70 % del agua dulce de Argentina. La Ley de Glaciares argentina estipula que el pozo ―denominado pit― creado por el proceso de voladura y excavación para la extracción de cobre no puede estar en un entorno periglaciar, es decir, una zona situada en el borde de un glaciar con suelos a menudo congelados, que actúa como regulador del agua.
La oenegé medioambiental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha denunciado que la mina a cielo abierto de Josemaría estaría incumpliendo con ese requerimiento.
“En base a la información provista por la Evaluación de Impacto Ambiental y de acuerdo a informes técnicos independientes, la mina a cielo abierto podría cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un área con probabilidad de ocurrencia de permafrost (área de ambiente periglacial)”, sostuvo FARN en un comunicado.
Si bien para Perea “los glaciares no se pueden tocar” al estar protegidos por la Ley de Glaciares, la misma ya se intentó modificar, sin éxito, por el gobierno de Milei para permitir la minería en las áreas periglaciares.
La otra gran preocupación de la minería del cobre pasa por el consumo de agua.
Desde FARN ponen el ejemplo de La Alumbrera, la última mina de cobre en el país, como caso testigo.
“Llegó a consumir más de 25 mil millones de litros anuales. Esto equivale al 34% de lo que consumen todos los habitantes de la provincia de Catamarca. El impacto se ha reflejado a lo largo de los años con la disminución de superficies cultivadas, una menor producción agropecuaria y la pérdida de calidad de cultivos por estrés hídrico”, aseguró Leandro Gómez, el coordinador de política ambiental de la organización.
Sin embargo, desde Caem argumentan que toda la actividad minera argentina utiliza menos del 1% del consumo total de agua de la Argentina y que, de ese total, la gran mayoría se recircula a través de circuitos cerrados.
“Vamos a consumir entre 150 y 250 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa un viñedo promedio en San Juan que apenas le da trabajo a 20 personas”, dice Meding, presidente de Los Azules.
Por su parte, desde Josemaría señalan que se usarían circuitos cerrados para recircular y recuperar la mayor cantidad de agua.
“Se utilizará agua subterránea como principal suministro, proveniente de campos de pozos cercanos a la planta de procesamiento”, añaden y remarcan la aprobación de su Informe de Impacto Ambiental en abril de 2022 como prueba de haber alcanzado los estándares requeridos.
El río Jáchal atraviesa montañas en la provincia de San Juan, Argentina. Se detectó contaminación por mercurio en este río tras un vertido tóxico procedente de una mina de oro propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold en 2015. Imagen: Jon G. Fuller / Alamy
Domingo Jofré, miembro de la asamblea Jáchal No Se Toca, creada en San Juan en 2015 en respuesta a un derrame de una mina de oro de la empresa Barrick Gold, agrega: “Lo más grave es el uso de enormes cantidades de agua. Hoy nuestro río Jáchal aporta tres metros cúbicos [de agua por segundo] al dique Cuesta del Viento, la misma cantidad que consumirá Josemaría. Además, el área está ubicada en un área glacial y periglacial, donde la napa freática está a un metro de profundidad”.
Las empresas mineras sostienen que, a partir de las exigencias ambientales que solicitan desde mercados internacionales, se está trabajando en toda la cadena de producción para exportar un mineral con una baja huella de carbono. Por eso lo denominan “cobre verde”.
“El concepto incluye un uso más eficiente del agua en la explotación del cobre, incorporar maquinarias eléctricas o camiones a hidrógeno verde para reducir las emisiones de dióxido de carbono dentro de la explotación minera y una comprensión integral para que sea un proceso virtuoso para las comunidades”, precisa Delbuono.
En la última cumbre de PDAC, el mayor evento minero a nivel mundial realizado en Toronto, el subsecretario de Desarrollo Económico y Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Fernández, afirmó que están ofreciendo financiamiento para desarrollar este tipo de iniciativas en Argentina, bajo la condición de que las empresas certifiquen su sostenibilidad ambiental.
Del mismo modo, el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, indicó que hay líneas de crédito disponibles del Banco de Desarrollo Alemán (KFW) para construir líneas de alta tensión para poder llevar electricidad de fuente renovable a los distintos proyectos mineros.
“El objetivo es que los minerales que demanda la transición energética, como el litio y el cobre, tengan una muy baja huella de carbono”, añade.
Josemaría, por ejemplo, construirá una línea de alta tensión de 300 kilómetros con fondos propios para poder electrificar toda la operación que se abastecería con energía renovable y reducir al mínimo el consumo de gasoil. Del mismo modo, Los Azules espera llegar a la carbono neutralidad para 2038 a partir de la electrificación de todo transporte vehicular que se utilice.
Chile, cuya economía depende cerca de 10 % del cobre, ha fijado como objetivo ser fuerte en el “cobre verde”. Codelco, la empresa estatal dedicada al cobre, dijo haber alcanzado en 2021 100 % de trazabilidad en la producción del mineral. La empresa espera además para 2030 reducir 70 % sus emisiones, 60 % el consumo de agua y 65 % los residuos industriales.
“Los países mineros que no sean capaces de transitar hacia ese tipo de minería podrían verse enfrentados a reducir su producción, ya que los mercados y sociedades discriminarán entre un mineral de esas características y aquel que no lo es”, sostiene un documento de 2022 del Senado chileno en el que participaron más de 150 científicos, académicos, expertos y representantes de la industria y la ciudadanía.
Sin embargo, a pesar de este aparente mayor compromiso medioambiental de la industria, FARN desconfía del término “cobre verde” y lo califica de estrategia de “lavado verde” o “greenwashing”.
“Siguen promoviendo una actividad que, por definición, implica la extracción de minerales finitos. No creemos que sea posible hablar de minería ‘sustentable’ o de ‘cobre verde’”, dice Gómez.
“La extracción a gran escala tiene una serie de impactos ambientales y sociales. Dependiendo de la metodología, suele consumir grandes cantidades de agua y energía”, añade Gómez. A medida que avanzan los proyectos de “cobre verde”, los ecologistas temen que puedan repetirse los problemas actuales a los que se enfrentan las comunidades que viven cerca de zonas mineras.
Tanto los ambientalistas como la industria estarán atentos a la evolución de la situación en el Congreso nacional, ya que las medidas desreguladoras propuestas en el paquete de reformas de la “Ley de Bases” del gobierno esperan a ser debatidas en la Cámara de Diputados tras su paso por el Senado a principios de junio.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth. (IPS - RV: EG)
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