SÍDNEY – Se acerca el cumplimiento de un año de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) aprobara, el 17 de noviembre de 2025, la Resolución 2803, por la que se respaldaba el marco de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, aparentemente diseñado para poner fin a la guerra en Gaza y trazar una hoja de ruta hacia la estabilidad a largo plazo. No está claro qué avances se han logrado desde entoncres.
En agosto de 2026, «The Jerusalem Post» informó de que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan con ataques casi diarios en Gaza», lo que ha causado la muerte de más de 1200 palestinos desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, además de apoderarse de más territorio y seguir restringiendo la circulación de personas y mercancías hacia y desde Gaza.
Nickolay Mladenov, alto representante de la ONU en la Junta de Paz, escribió a principios de agosto de 2026 que «dos días de ataques en toda Gaza han causado la muerte de civiles y han destruido los suministros médicos de los que depende la población».
Irónicamente, este ataque genocida se produjo solo unos días después de un acuerdo de desarme de Hamás negociado por Estados Unidos que Trump calificó de «paso monumental» hacia la paz y la seguridad.
En mayo de 2026, la Junta de Paz afirmó en su informe al Consejo de Seguridad que las condiciones de los palestinos en Gaza habían mejorado.
Sin embargo, esta afirmación contradice las conclusiones de la Comisión de Investigación de la ONU, presidida por el juez Srinivasan Muralidhar, según las cuales «las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente a niños palestinos, lo que ha dado lugar a genocidio y crímenes atroces en la Franja de Gaza y a crímenes de guerra en Cisjordania».
Anteriormente, en un documento de sala de conferencias publicado en septiembre de 2025, la Comisión estableció que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes habían cometido y seguían cometiendo actos de genocidio con la intención específica de destruir, total o parcialmente, al grupo palestino de Gaza.
Esto a pesar de que la Corte Internacional de Justicia hubiera dictado tres órdenes vinculantes de medidas provisionales, en las que se detallaban las condiciones catastróficas en Gaza y los riesgos de un perjuicio irreparable para los derechos del grupo palestino.
Haciéndose eco de la Comisión, los oradores que intervinieron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de agosto de 2026 advirtieron de que Gaza se encuentra en un punto de ruptura total, bajo ataque constante y con dos millones de personas aún atrapadas, a pesar del alto el fuego de octubre de 2025 negociado por Trump y del nuevo plan de paz de la Junta.
Athena Rayburn, directora ejecutiva de la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo, afirmó: «El éxito debe medirse por si la Junta de Paz, la fuerza internacional de estabilización y el Comité Nacional para la Administración de Gaza proporcionan protección inmediata a la población civil; y, a largo plazo, por si conducen a Gaza hacia el objetivo jurídico necesario: el fin de la presencia ilegal de Israel y la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación».
Tras el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, Trump presentó la «Junta de Paz» al margen del Foro Económico Mundial el 22 de enero de 2026. Trump, autoproclamado presidente de la Junta, afirmaba: «Esta Junta tiene la oportunidad de convertirse en uno de los órganos más trascendentales jamás creados… para poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región».
Sin embargo, muchos, incluidos altos cargos del legislativo Congreso de Estados Unidos consideran que la Junta es un intento de Trump de socavar a las Naciones Unidas, a las que ha criticado en repetidas ocasiones.
Los estatutos del Consejo no hacen referencia ni a Gaza ni a la ONU, a pesar de que el mandato original de la ONU para el Consejo exigía que este se centrara en la reconstrucción de Gaza y en ayudar a los 2,2 millones de palestinos desplazados por la fuerza por las fuerzas israelíes.
En cambio, según sus estatutos, el Consejo «garantizará una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por el conflicto». Los estatutos de la Junta también prevén que esta perdure más allá de finales de 2027 —fecha de vencimiento del respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU—, al igual que la dirección que Trump ejercerá sobre ella
Aunque Trump podría presidir la Junta de por vida, la adhesión a la misma se produce exclusivamente por invitación de Trump y requiere una contribución mínima de 1 000 millones de dólares estadounidenses.
Palestina no es miembro, pero Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu —contra quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Gaza— forman parte de la Junta.
Además, un miembro de la Junta Ejecutiva designado por Trump es también el representante designado por Israel en el Centro de Coordinación Civil-Militar liderado por Estados Unidos, encargado de la ayuda humanitaria en Gaza.
A los palestinos se les ha asignado un comité tecnocrático de menor rango, mientras que el ex primer ministro británico y «criminal de guerra» Tony Blair, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el amigo de toda la vida de Trump e inversor inmobiliario Steve Witkoff forman parte de la Junta Ejecutiva junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
¿Cómo puede confiarse a una supuesta «Junta de Paz» tan entrelazada con entidades genocidas la tarea de aliviar el sufrimiento palestino? ¿Es de extrañar que los ataques aéreos y otros ataques contra zonas civiles en Gaza se hayan intensificado, llegando incluso a dañar instalaciones de la ONU?
El 25 de agosto de 2026, las fuerzas israelíes irrumpieron por la fuerza en el Centro de Formación de Kalandia de la Unrwa (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina), en Jerusalén Este, y lo ocuparon ilegalmente, haciendo caso omiso de que se trata de un recinto inviolable de la ONU, inmune a cualquier forma de injerencia.
Mientras tanto, Marco Rubio reveló recientemente, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que la administración Trump había decidido transformar la Junta de la Paz de una organización internacional pública compuesta por Estados miembros (similar a las Naciones Unidas) en una organización no gubernamental internacional.
No dio ninguna indicación sobre cómo ni cuándo se tomó esa decisión, lo que supone una violación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que garantizaba que la Junta tuviera personalidad jurídica internacional y estuviera sujeta al derecho internacional como organización multilateral.
La transformación de la Junta en una oenegé internacional podría ajustarse mejor a su estructura excluyente, que otorga a Trump la máxima autoridad en la toma de decisiones, incluso en materia financiera.
Rubio afirmó explícitamente durante su testimonio que el Congreso de los Estados Unidos solo puede ejercer control sobre el dinero que aporta el país, mientras que se mostró impreciso sobre el régimen fiduciario de las finanzas de la Junta.
Mientras tanto, el periodismo de investigación ha sacado a la luz graves irregularidades financieras, opacidad y conflictos de intereses en los que están implicados, el yerno de Trump jared Kushner y su amigo y millonario Steve Witkoff, enviados especiales para Oriente Medio, junto con algunas entidades israelíes destacadas.
Resulta alarmante que convertir la Junta en una oenegé internacional prive a los Estados miembros de su poder para dirigir la Junta y mitigar los peores impulsos de la administración Trump.
El círculo más cercano a Trump seguirá llevando la batuta, y Kushner ha afirmado que la Junta se gestionará «como lo hacemos en el sector privado», mientras que la Junta está dirigida por figuras de la derecha política israelí y estadounidense.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe retirar su respaldo a la Junta de (Des)Paz
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de respaldar el «Plan Integral de Trump para poner fin al conflicto de Gaza» y la Junta de Paz como un paso pragmático, a pesar de cierto recelo debido a los términos vagos del plan y a la falta de un calendario asociado a sus fases que culminara en un horizonte político para los palestinos.
Esperaban que Trump, dada su relación con Netanyahu —un presunto criminal de guerra—, fuera capaz de impedir que este cometiera un genocidio contra los palestinos.
Pero Trump sigue tolerando las violaciones del alto el fuego por parte de Israel, mientras los ataques israelíes, cada vez más intensos, matan a miles de palestinos inocentes.
Trump y su denominada Junta de Paz no condenaron al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, quien pidió abiertamente que se matara a «entre 30 y 40» palestinos en Gaza cada noche.
Tampoco han condenado al gran rabino sefardí David Yosef, quien afirmó que «no existe tal cosa como un pueblo palestino» y que los palestinos «no tienen derechos», a pesar de la indignación mundial.
Mientras tanto, la Junta de Paz de Trump ha descartado los enfoques pragmáticos para el desarme de Hamás. En su lugar, ha promovido ideas de una «nueva Gaza» hiperdesarrollada, prestando escasa atención a los deseos de los palestinos o a su historia. Estos planes neocoloniales socavan cualquier perspectiva real de autodeterminación.
A la luz de los evidentes fracasos del plan de Trump y de las violaciones del mandato del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la Junta de Paz —incluidas sus irregularidades financieras—, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían forzar urgentemente una votación para retirar el respaldo del Consejo.
De no hacerlo, se permitiría que Trump e Israel utilizaran el supuesto plan de paz integral como tapadera para el genocidio de Israel, mientras que la autodenominada Junta de Paz socava a las Naciones Unidas.
IPS - T: MF / ED: EG - Anis Chowdhury –
Anis Chowdhury es catedrático emérito de la Universidad del Oeste de Sídney (Australia). Ocupó altos cargos de la ONU en Bangkok y Nueva York y ejerció como asistente especial del asesor jefe de Finanzas en el gobierno provisional de Bangladés, liderado por el profesor Muhammad Yunus.
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