La motosierra avanza en la Administración pública y corta por lo más fino. De un día para otro, miles de trabajadores estatales argentinos quedaron en la calle a partir de un nuevo recorte masivo impulsado por el Gobierno de Javier Milei. En pos del ajuste fiscal, en un contexto signado por incertidumbre sobre el plan económico, el Poder Ejecutivo arrasó en áreas sensibles del Estado.
Apenas iniciado el mes de julio, La Libertad Avanza oficializó la no-renovación de contratos de más de 2.500 empleados de diversas dependencias, principalmente el estratégico Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la sensible Secretaría de Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Capital Humano.
La confirmación llegó de la mano del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien se refirió a los despedidos como "empleados eliminados". El vocero enfatizó en el caso del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023) y disuelto, apenas llegó al poder la administración Milei.
El resto del equipo gubernamental también sacó a relucir la poda en la planta de trabajadores públicos. Caso paradigmático fue el del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se jactó de la expulsión del "85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer".
El recorte en la esfera pública emula una tendencia creciente en el sector privado, en el que cada vez más empresas —sobre todo del sector industrial— alertan sobre la necesidad de avanzar en suspensiones a empleados en virtud de la caída de las ventas, dada la profunda recesión que atraviesa la economía nacional.
"Hemos registrado 2.305 despidos solamente el viernes. Desde diciembre hubo más de 25.000 empleos públicos destruidos. Sin embargo, también hubo una profunda precarización, porque a los compañeros quedaron les renovaron los vínculos por apenas 90 días. Hay una guillotina laboral que se activa cada tres meses", dijo a Sputnik Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Según el representante gremial, la decisión excede la necesidad de ajustar el gasto público: "El Gobierno utiliza terminología de guerra, como 'empleados eliminados', y el presidente se considera un infiltrado en filas enemigas, un 'topo' que quiere terminar con lo público desde adentro".
"Vamos a iniciar un plan de lucha. Hay que demostrarle al Gobierno que no nos va a disciplinar a palazos, porque los reclamos de los trabajadores son justos", remarcó Aguiar.
Además del desguace de las áreas de prevención contra la violencia hacia las mujeres -reflejada en el desmantelamiento de la línea telefónica de emergencias 144-, los recortes alcanzaron áreas sensibles para el desarrollo del país, como el estratégico INTI, central para la integración productiva de empresas desperdigadas por todo el país.
"Hubo 282 despidos en la agencia. No notificaron la renovación de los contratos, por lo que los trabajadores estuvieron en total incertidumbre hasta el final del mes", narró en diálogo con Sputnik Giselle Santana, trabajadora y delegada gremial del INTI. "El corte fue transversal. Lo grave es que no hubo ningún criterio: solamente querían echar gente, sin atender las respectivas áreas de trabajo", resaltó.
Según Santana, la decisión puede tener un impacto en el funcionamiento del organismo: "Muchos laboratorios quedaron totalmente vaciados, y ahora habrá líneas de trabajo interrumpidas por falta de personal. Si se cierran las unidades de extensión del INTI, muchas provincias van a quedar en desventaja".
Los despidos en cuestión tienen un antecedente inmediato: la clausura ejecutada sobre las sedes en las que no funcionaran laboratorios. De acuerdo a la trabajadora, dicha resolución fue "totalmente ridícula". Sin esas sedes desaparece la integración de las economías regionales con la provisión necesaria de tecnología industrial, que "significa mucho más que un laboratorio".
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